C's denuncia en el Parlament las extorsiones de la Plataforma per la Llengua

José Domingo, diputado de C's, denuncia en el Parlamento de Cataluña las prácticas indebidas de la Plataforma per la Llengua. Esta asociación, que recibe subvenciones de la Generalitat, utiliza la ciberocupación, la difamación y la extorsión para obligar a empresas privadas a utilizar la lengua catalana.

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Mar de llengües, la hipocresía

Que una política totalitaria –dentro o fuera de un Estado democrático– impida que ciudadanos libres ejerzan sus derechos no es de extrañar, pues forma parte de su naturaleza; que una política totalitaria, para impedir que ciudadanos libres ejerzan sus derechos, utilice la mentira, la manipulación o la exclusión forma parte de su naturaleza; pero que una política totalitaria, además de excluir o imponer, trate de pasar por demócrata y utilice los derechos humanos para justificar su inculcación produce arcadas.

Pues bien, esa desagradable sensación es la que sacas inmediatamente después de ver la exposición La mar de llengües, parlar a la mediterrània que Linguamón, con el patrocinio del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, lleva a cabo con impúdica impostura en Barcelona con motivo de la conmemoración del año internacional de las lenguas que se ha sacado de la manga el Gobierno de entendimiento con el independentismo de José Montilla.

Es un déjà vu. Emplear un arsenal de conceptos humanistas al servicio del despotismo. Es la mecánica del fascismo posmoderno: toda la eficacia del lobo camuflada tras la piel de cordero. Se habla de integración para imponer la asimilación, se habla de derechos lingüísticos para despojarnos de ellos, se habla de lengua propia para hacer impropias a las demás, se habla de derechos históricos para destruir los democráticos, se habla de bilingüismo para imponer el monolingüismo, se habla de cohesión social para excluir con impunidad.

Cada una de estas contradicciones queda retratada en la exposición La mar de llengües. Toda la hipocresía, toda la mala conciencia se trasforma en semántica buenista; todo el victimismo agresivo, todo el presupuesto de la Generalitat al servicio de un racismo lingüístico imposible ya de ocultar. Paredes, paneles, folletos. Grandes frases al servicio de la exclusión: "¿Quién puede decir que una lengua es mejor que otra?" Sin rubor, así, grafitando las paredes de la exposición. Parecería que son los primeros defensores del respeto a todas las lenguas. Los mismos que cada día nos recuerdan la inaceptable presencia del castellano en Cataluña, nos aleccionan con la igualdad de todas las lenguas. "Todas las comunidades lingüísticas son iguales en derechos" (Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, nos recuerdan). ¿Dónde dejan los derechos de los niños castellanohablantes cada vez que les impiden estudiar en su lengua materna y elegida, además de oficial y común de todos los españoles? ¿Cómo pueden tener la desvergüenza de robar los derechos de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, y a la vez, lavarse la conciencia con proclamas como esas con la perversa intención de proyectar sobre la lengua oficial de toda España intenciones excluyentes que sí practican ellos?

En el colmo de la impostura, las proclamas de Linguamón declara a Barcelona la capital del multilingüismo con informaciones como estas: "El proyecto nace en Cataluña, sociedad comprometida con la diversidad lingüística del mundo" (Parece ser que de tanto comprometerse con la diversidad lingüística del mundo, se ha olvidado de comprometerse con la diversidad lingüística de casa). Y continua: "Quiere proyectar internacionalmente modelos de gestión respetuosos con la diversidad lingüística". Más jeta, imposible.

Y para terminar: "En el Mediterráneo hay millones de niños que hacen clase en una lengua diferente de la del país... es el caso de la lengua occitana..." Mapas, despliegues de ideología nacionalista, ni un solo dato contrastado ni objetivo. Ellos hablan por los franceses, interpretan sus deseos y derechos como si fueran un país de desamparados. Pero tanto se preocupa el Gobierno de la Generalitat de que un niño francés de la zona donde históricamente nació el occitano reciba las clases en la "lengua del país" que pasa por alto que allí donde podría hacer cumplir ese derecho, es decir, en Cataluña, lo impide. Incluso pone sanciones económicas por rotular en castellano.

La exposición es una empalagosa cadena de secuencias aparentemente humanitario lingüísticas con destellos inconscientes de odio al castellano. Por ejemplo, rebajan los 350 ó 400 millones de hablantes de español en el mundo a 250. No me extraña que, para que le salgan esos números, hayan tenido que reducir los 45 millones de hablantes de español en España a tan sólo 31 millones. Suponemos que dan por sentado que en Cataluña, País Vasco y Galicia nadie habla español. Error que define sus políticas de exclusión.

Antonio Robles, Diputado de C's en el Parlamento de Cataluña

» Artículo publicado en Libertad Digital
» TriPartit 2.0: La mar de lenguas

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Las preguntas de Ibarretxe, el Empecinado

Después de darle muchas vueltas, Ibarretxe, el líder que lleva al pueblo vasco en su cuerpo y en su alma, el hombre que empezó a estudiar euskera cuando accedió al cargo de lehendakari para hacerse uno con su tierra, el insuperable campeón del raca-raca, ha hablado, y ha anunciado al mundo sus preguntas para el referéndum imposible:

1. ¿Está usted de acuerdo en arrimar el ascua a la sardina de la izquierda abertzale y no condenar el terrorismo de ETA en esta pregunta para que el PNV pueda seguir explotando electoralmente la táctica del victimismo?


2. ¿Está usted de acuerdo en que el multimilenario pueblo de todas las Vascongadas se pronuncie en referéndum a favor de que el PNV amplíe sus cuotas de poder recogiendo las nueces que caen del árbol que sacude el terrorismo de ETA?

Vascas, vascos y vascoides pueden escoger entre las siguientes respuestas:

1. LO QUE DIGA MI LEHENDAKARI


2. ¿EIN?


3. A KASKARLA

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¿Igualdad o libertad?

Tengo hijos e hijas que han estudiado en centros públicos con enseñanza mixta, y otros en centros concertados con enseñanza diferenciada. Y estoy muy contento de haber podido escoger en cada ocasión lo que me ha parecido más conveniente. Ahora el tripartito catalán, en la nueva ley de educación, antepone el igualitarismo entre centros a la posibilidad de elección. ¿Acaso tienen miedo a la libertad?

En Suecia, en 1991 y tras muchos años de socialdemocracia con un sistema educativo único, los partidos no socialistas ganaron las elecciones con el eslogan "La revolución de la libertad de elección", implantando a continuación el cheque escolar, que permite a cualquier familia, sin que le cueste nada, escoger para sus hijos el centro de enseñanza que desee, público o privado, religioso o laico, con coeducación o con enseñanza diferenciada. Y aunque después se han ido alternando en el poder, socialdemócratas y liberales, el cheque escolar ha continuado en vigor con la máxima aceptación social.

Pero el tripartito no parece opinar del mismo modo; prefiere el sistema único y uniformizador propio de los regímenes totalitarios. Quizá porque es el que mejor garantiza la manera de perpetuarse en el Gobierno.

LUIS ESQUENA ROMAGUERA

» Artículo publicado en El País como Carta al Director

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Las embajadas no aguantan a Carod

· Los diplomáticos denuncian que los emisarios catalanes no respetan los protocolos establecidos en sus visitas al exterior.
· También vetan en sus actos la bandera española.
· Las invitaciones para la inauguración de las delegaciones de Londres y Berlín estaban escritas sólo en inglés y catalán.


La apertura de las llamadas «embajadas catalanas» sigue creando problemas a los embajadores españoles destacados en el país en el que la Generalitat pretende la representación, porque los emisarios catalanes no respetan los protocolos ni las normas establecidas. Sucedió hace unas semanas en Londres, donde la cancillería española sólo fue informada de la fecha de la apertura de la Delegación en una invitación redactada exclusivamente en inglés y catalán, los mismos idiomas utilizados en el acto de inauguración, en el que sólo estuvo presente la bandera catalana, según ha podido saber LA RAZÓN de diversas fuentes diplomáticas.

El vicepresidente de la Generalitat, Carod Rovira, actuó de la misma manera en que lo había hecho con anterioridad en Berlín o Edimburgo y que, formalmente, estuvo mal vista por el Gobierno de Zapatero, porque algún miembro de su Gabinete manifestó algo en ese sentido, aunque no pasó de un simple comentario. Es más, las fuentes que informaron a este periódico están convencidas de que la falta de reacción a estas formas, en su opinión demasiado evidente, se debe a la debilidad política de Zapatero ante los 25 escaños que le proporciona la comunidad que preside Montilla.

Política de apaciguamiento

«Esta realidad le lleva a adoptar una política de apaciguamiento y ocultación de hechos graves como éstos, que van socavando la fuerza e imagen de España, en beneficio de otras fuerzas que observan este proceso de descomposición con profunda satisfacción», añadieron las fuentes.

En la apertura de la delegación londinense, Carod no mencionó para nada España, ni la Constitución, y sí, en cambio, el Estatuto. Tampoco hizo saber a nadie que en el acto se encontraba un miembro de la Embajada española, en representación del Embajador, a la que, obviamente, no invitó a colocarse junto a él, sino que se vio obligado a permanecer como público asistente. El político catalán se dedicó a hablar de las relaciones históricas entre Cataluña y el Reino Unido y de explicar que su embajada en Londres «llevaría también las relaciones con los países nórdicos».

Está claro que los tres representantes de la Generalitat que se trasladaron a Londres: José Lluis Carod-Rovira, Joan Saura y la «secretaria de Asuntos Exteriores», Roser Clavell i Soldevila, volvieron a saltarse a la torera el principio de lealtad y respeto al Estado, así como la Carta Magna, que si bien faculta a las comunidades autónomas a utilizar banderas propias, obliga a que éstas figuren junto a la española en los actos oficiales. Y se supone que la apertura de esta delegación en aplicación de un decreto del Gobierno catalán, lo era.

Respeto a la Constitución

Por otro lado, el Estatuto catalán reconoce que la Generalitat podrá abrir delegaciones en el exterior, pero siempre respetando la Constitución española, y ésta dice que las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Gobierno de la nación. Por cierto, ésta se mantiene como una de las escasas competencias no transferidas a las comunidades autónomas.

Los representantes de la Generalitat ignoran la existencia de una representación diplomática española cuando viajan al extranjero, sin que el Gobierno de Zapatero haya dicho nada al respecto hasta el momento. Lo normal es que cuando un político español visita otro país sea acompañado por un representante de la embajada, pero los miembros del Gobierno catalán se saltan la norma e imponen que en sus entrevistas no esté presente nadie del Ministerio de Exteriores.

Lo hizo recientemente Montilla en su viaje por Marruecos y Carod-Rovira en Edimburgo y Berlín antes de repetirlo en la polémica inauguración de Londres.

CARMEN GURRUCHAGA

» Artículo publicado en La Razón

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Adiós a las exenciones de estudiar euskera

· El nuevo currículo restringe al mínimo la posibilidad de eximir a los alumnos del estudio y la evaluación de la lengua vasca.
· Experiencia en un colegio de Oyón.

El Departamento de Educación ha cerrado el círculo lingüístico. Primero fue la enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años), después el Bachillerato y, por último, la etapa Infantil e incluso la Educación Permanente de Adultos. Todas las etapas tendrán al euskera como la lengua principal. Al menos, sobre el papel. Y como complemento, el nuevo currículo de la enseñanza obligatoria atornilla las posibles exenciones de estudiar euskera, hasta reducirlas a la mínima expresión.

En estos momentos, alrededor de 5.000 alumnos están eximidos. Se trata de escolares procedentes de otras comunidades o países cuyos padres han recalado en la comunidad autónoma por motivos de trabajo y que tienen en su horizonte volver a su lugar de origen. Una buena parte de esos alumnos son hijos de funcionarios del Estado y el resto lo suelen completar los inmigrantes, cuyas familias se mueven en la incertidumbre laboral.

El colectivo de alumnos eximidos del euskera se escolariza en lo que se conoce como el modelo X, enseñanza íntegramente en castellano, que ni siquiera tiene la lengua vasca como una asignatura.

Con el nuevo currículo, las cosas van a cambiar. El texto establece que la exención podrá ser de un curso, pero si el alumno sigue escolarizado en el sistema educativo vasco, el centro donde está matriculado debe prepararle un plan de trabajo individual por un máximo de dos cursos escolares. Al finalizar ese periodo, el estudiante debe incorporarse al curso que le corresponda y seguir el mismo ritmo de euskaldunización que lleven sus compañeros. Esta es lo que dispone el currículo, pero hasta que se no se desarrolle mediante una orden, los colegios seguirán echando mano del antiguo sistema. Es decir, pedir la exención año a año de los alumnos. "Hasta ahora no hemos tenido ningún problema y así seguiremos. Pretender que un alumno que no ha estudiado en euskera se incorpore al cabo de dos cursos al ritmo de una clase que lleva con la lengua vasca desde Infantil es una utopía", asegura Igone Martín, profesora del colegio público Ramiro Maeztu, en la localidad de Oyón, en la Rioja alavesa. El caso de este colegio es singular.

Cuando a Miguel Lavilla, director del centro desde hace siete años, le hablan de que el Gobierno vasco exige que el euskera se convierta en la lengua vehicular en los colegios y de que las exenciones prácticamente desaparecen, su primera reacción es de indiferencia. Después echa mano de los datos y los lanza despacio, pero sin pausa: de 263 alumnos matriculados en Infantil y Primaria, cerca de 200 estudian íntegramente en castellano; el 18% de los alumnos del centro son inmigrantes y otro porcentaje alto procede de Logroño y toda su vida se desenvuelve en castellano; en lo que va de curso, han pasado ya 63 profesores. Ninguno quiere quedarse en un centro frontera, a cinco kilómetros de Logroño, pero a casi una hora de viaje desde Vitoria.

Oyón sólo es una estación de paso para los docentes y, en muchos casos, esa estación apenas dura unos meses. Se da el caso de que alguno de los docentes con destino definitivo en el colegio no lo ha pisado aún. Lleva diez años en comisiones de servicios en otros destinos, haciendo lo imposible por no recalar en Oyón.

Este es el caldo de cultivo en el que se mueve Lavilla y al que hace frente con sentido común. "Lo que es imposible es imposible. Y que el euskera sea el idioma en el que estudien estos alumnos es imposible". "Nuestro colegio no está en las mismas condiciones que los demás. En lo que va de curso, por aquí han pasado ya 63 profesores. Ya me contarás que proyecto lingüístico podemos poner en marcha. Bastante que nos aprendemos los nombres de todos los profesores que pasan".

Lavilla barrunta problemas. "Todos los alumnos de Primaria estudian en castellano. Es lo que quieren las familias (la ikastola está justo al lado y tiene Primaria y Secundaria con menos alumnos). La mayoría de los niños del pueblo se matriculan en el colegio público, agrupamos a todo el alumnado inmigrante y desfavorecido".

También a los hijos de familias de Logroño, cuyos padres compran el piso para vivir en Oyón porque está más barato que en la capital riojana, pero su vida está en la capital riojana. "La mayoría de los inmigrantes proceden de Marruecos. Sus padres intentan a duras penas aprender castellano y en esas condiciones, ¿vamos a obligarles a aprender euskera?"

Hasta que no se desarrolle con órdenes el currículo, Lavilla asegura que el colegio seguirá como siempre, pidiendo exenciones de euskera año a año. Cada curso piden alrededor de diez. "Toda la vida se desarrolla en castellano. Hay muchas familias que vienen a trabajar y no es para toda la vida, están tres o cuatro años y después se van. Es una población móvil. Es inviable que la lengua vasca se convierta en el idioma principal, es que los alumnos no nos aprenden ni los números".

La plantilla del centro es de 32 profesores, de los que 20 tienen destino definitivo. Pero sólo siete ocupan la plaza de manera efectiva (y cuatro están a punto de jubilarse con 58 años pasados). El resto no ocupa su plaza porque están en comisión de servicios. Y todo se resuelve a base de sustitutos y más sustitutos. "Como los profesores no quieren venir, por las circunstancias que sean, piden una comisión de servicios. Entre las liberaciones para estudiar euskera, las bajas por enfermedad y las resistencias a venir, casi hay que darle una medalla al profesor que viene hasta aquí".

Los padres se quejan. El director se queja, no sabe qué docente dará clase el siguiente curso. "Así es imposible establecer proyectos a largo plazo. Es un tema grave, no puedes aplicar el currículo, no puedes planificar nada. Me he quejado al departamento y no hay ninguna contestación". Lavilla vino "destinado forzoso" de Vitoria a Oyón y trasladó a toda su familia a Logroño. "Después de tres accidentes en la carretera, dije que se acabó".

EDUARDO AZURMENDI

» Artículo publicado en El País, en la edición del País Vasco

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Tribalidad o ciudadanía

A pesar de las distancias geográficas y culturales, los brutales linchamientos de inmigrantes surafricanos en Johanesburgo, los vandálicos asaltos a los asentamientos de gitanos rumanos en Nápoles y el cobarde asesinato perpetrado por los etarras en Legutiano guardan entre sí una perversa similitud motivacional: el mismo sentimiento de odio a todo lo que se percibe como distinto -cultural, política, o étnicamente- y la íntima convicción de que la esencia y la pervivencia de "su comunidad", la surafricana, la napolitana o la vasca, está en peligro por culpa de los "de fuera".

Cambian los escenarios, los protagonistas y las motivaciones aparentes, pero la mano miserable capaz de prender fuego a un ser humano, o accionar un coche bomba frente a una casa-cuartel, está movida en su raíz por ese mismo pánico irracional a perder los referentes identitarios.

Ahí está el mayor reto planetario para los gobernantes del siglo XXI: vencer la xenofobia, superar las tribus, formar ciudadanos.

IGNASI CASTELLS CUIXART

» Carta al Director publicada en El País

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Golpe a la cúpula de ETA: De Loyola a Burdeos

Durante años ha sido un lugar común afirmar que la jefatura política de la banda era secundaria porque los que de verdad mandaban eran los jefes militares: los que controlaban las armas y a los comandos. La detención de Mikel Antza, hace casi cuatro años, obligó a matizar esa visión.

Intentar dar sentido político a los atentados mediante los comunicados y el boletín interno es lo que diferencia a una cuadrilla de atracadores de una organización terrorista; además de esa tarea, del aparato político de ETA depende la relación con Batasuna, por ejemplo, o la definición de quiénes -de qué partido, con qué uniforme- son objetivo militar en un momento dado; o la decisión de decretar o de romper una tregua.

El que parece ser sucesor de Ternera al frente de ese aparato, López Peña, ha sido detenido con otros tres miembros del mismo: el que ya en 2004 se encargaba de la impresión del zutabe, y dos ex miembros de la dirección de Batasuna, Salaberria y Ozaeta. Estas detenciones se producen en plena ofensiva de ETA, destinada seguramente a forzar a los socialistas a reabrir la negociación; pero con la novedad de que casi toda la dirección del brazo político está en la cárcel, y que Gobierno y oposición están de acuerdo en considerar estratégica, hasta la desaparición de ETA, la apuesta por mantener a Batasuna y sucedáneos fuera de la ley. El argumento mayor en favor de esa ilegalización no es que condenen o no los atentados, sino la evidencia del trasiego entre la dirección del partido y la de la banda. Esa porosidad permitió a Josu Ternera pasar directamente de su escaño al aparato político de ETA, y ha permitido a estos dos ex miembros de la Mesa Nacional reaparecer en Burdeos como dirigentes del brazo armado.

Policías y jueces han cumplido con su obligación, y también el Gobierno y la oposición poniendo fin a su bronca desmesurada en torno a la política antiterrorista. La banda venía anotándose como un efecto de su estrategia la ruptura de la unidad entre los partidos democráticos. Pero esa fractura se había producido en un periodo sin atentados mortales. Socialistas y populares son seguramente conscientes de que la opinión pública no toleraría que siguieran igual tras el regreso de los coches bomba.

Quien no ha estado a la altura ha sido el nacionalismo vasco gobernante, que ha renunciado a asumir su principal responsabilidad en este asunto: la desautorización desde el propio nacionalismo de la pretensión de legitimidad de ETA. El PNV y sus aliados en el Gobierno de Ibarretxe siguen sin sacar consecuencias políticas de su condena de los atentados. Mantienen su oposición a la ilegalización del partido de Ternera, Ozaeta y Salaberria y siguen poniendo pegas a los intentos de sustituir democráticamente a los alcaldes de ANV que se niegan a condenar los asesinatos de concejales de otros partidos.

En una entrevista publicada en Deia en el verano de 2002, Ibarretxe reconocía que no acostumbraba a leer los periódicos. Tal vez eso explique su impermeabilidad total a los argumentos de quienes no comparten su fe. Lo más llamativo de su entrevista con Zapatero fue su sorpresa, a la salida de La Moncloa, porque el presidente del Gobierno de España pretendiera que cualquier eventual reforma del marco político tuviera que adecuarse a la Constitución y los procedimientos legales, no admitiera como algo evidente de suyo el ámbito vasco de decisión y no comprendiera que Euskadi no es una parte subordinada de España.

Tampoco entendía que Zapatero se negase a asumir o al menos debatir con él lo que los socialistas habían negociado con Batasuna (e indirectamente con ETA) en 2006. Utilizar los papeles de Loyola contra quien fue socio del PNV en aquel intento de evitar que ETA cumpliese su amenaza de romper el alto el fuego revela una deslealtad profunda. Seguramente los socialistas habrían sido menos receptivos a los argumentos de los nacionalistas de haber sospechado que, en caso de fracaso, sus socios fueran a utilizar contra ellos lo entonces hablado.

El contenido de los papeles manejados en Loyola como "bases políticas de un futuro acuerdo" revela una ligereza preocupante incluso en esas circunstancias; pero sería injusto ignorar que incluía cláusulas por las que expresamente se condicionaba todo el proceso a la ausencia de violencia y coacción, por un lado, y al resperto de las normas y procedimientos legales, por otro. Lo que significa que era un acuerdo provisional, pendiente de las adaptaciones necesarias para que encajase en los marcos legales.

Ibarretxe ha renunciado a su compromiso de no plantear su consulta con ETA en activo, y se ha saltado todos los procedimientos y normas con su propuesta de que Zapatero asuma su plan soberanista; pero sobre todo, el intento de Loyola no sirvió para que ETA abandonase, y de ahí que el PSE y el PNV concluyeran que había que cambiar de estrategia y que las prioridades eran ahora otras: hacer frente a ETA mediante la "acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno", en palabras de Imaz.

Ibarretxe ha hecho lo contrario.

PATXO UNZUETA

» Artículo publicado en El País

Y, desde el Gobierno Vasco, el PNV ha expresado sus dudas acerca del alcance e importancia de la operación policial. Es lógico, acciones como ésta perjudican su labor de recolectores de nueces.

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Una funcionaria cobra 60.000 euros al año por una Oficina Antifraude catalana que no existe

Desde hace tres años, el Gobierno catalán paga un sueldo anual de 60.000 euros a una funcionaria por una Oficina Antifraude de Cataluña que no existe y que, dadas las discrepancias internas del tripartito y la demora del proyecto -tramitado en el Parlamento catalán en 2005-, se desconoce cómo verá la luz finalmente. Una Oficina dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público, y que, entre otras funciones, debería controlar las asignaciones a dedo de informes técnicos a personas externas a la administración, actualmente en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y cuya existencia destapó ABC.

Mientras se determina si este futuro organismo depende del Parlamento catalán, tal como establece el texto actual, o de la Sindicatura de Cuentas, que ya ejerce ese control fiscalizador de las administraciones, el Ejecutivo catalán lleva tres años pagando una nómina a la directora del Programa para la creación de la Oficina contra el Fraude, con categoría de funcionaria de alto nivel dependiente de la Consejeria de Gobernación (dirigida por ERC), lo que supone una retribución anual superior a los 60.000 euros.

Este programa fue aprobado por el Gobierno autonómico en marzo de 2005 en cumplimiento de una resolución del Parlamento catalán, que instaba a la Generalitat a «crear en el plazo de cuatro meses» una oficina de lucha contra el fraude dentro de la Administración de la Generalitat y el sector público». Han pasado tres años y todavía no se ha definido el ámbito competencial propio que tendrá esta oficina, que según dictaminó el Consejo Consultivo en julio de 2006, invadía funciones exclusivas de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. «El Gobierno tripartito lleva tres años pagando la nómina a una persona para realizar no sé que labores en una Oficina Antifraude que no existe», asegura el diputado de CiU, Lluís Corominas. Los nacionalistas, que han presentado 34 enmiendas al proyecto de ley, reclaman que este organismo dependa de la Sindicatura de Cuentas para evitar la duplicidad de competencias y recursos económicos.

El estigma del Carmelo

La Oficina contra el Fraude de Cataluña es una iniciativa con la que ERC pretendía «intimidar» a PSC y CiU, formaciones que habían aparecido implicadas en supuestos casos de corrupción. El presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obra pública (el polémico caso del 3%) denunciado tras el hundimiento del barrio del Carmelo salpicó a los socialistas, quienes se resistían a que la nueva Oficina dependiera de sus socios republicanos.

Las diferencias entre ambos demoró la tramitación del primer proyecto, en el que se contemplaba la vinculación de la Oficina del entonces consejero jefe, Josep Bargalló (ERC), y que entró en el Parlamentó catalán en 2005. El anticipo de las elecciones autonómicas a 2006 supuso un nuevo parón del proyecto de ley de la Oficina, enmendado por el Consejo Consultivo y cuestionado por los síndicos de Cuentas y de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán). El Estatuto aprobado en 2006 reconoce en exclusiva al Síndico de Greuges la defensa y protección de todos los derechos y libertades contenidos en la Constitución y el Estatuto. Asimismo, el texto estatutario indica que la Sindicatura de Cuentas es el «órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de la eficiencia de la Generalitat».

Funciones coincidentes con las de investigación o inspección de posibles casos de uso o destino irregular de los fondos públicos que se atribuye a la Oficina Antifraude. Ambos síndicos defendieron vehemente sus competencias en sus comparecencias en la Cámara catalana y advirtieron de que sus atribuciones podrían solaparse con las de la Oficina. La reforma de la Ley de la Sindicatura de Cuentas está pendiente desde hace más de un año.

MARÍA JESÚS CAÑIZARES

» Artículo publicado en ABC

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La Generalitat subvenciona con 1,2 millones a la plataforma pro selecciones catalanas

· Es la cuarta subvención consecutiva que recibe la plataforma.
· Se ha concedido a propuesta del vicepresidente catalán, Carod-Rovira.
· La Generalitat la justifica porque promueve el deporte catalán.

El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha decidido hoy otorgar, a través del Consejo Catalán del Deporte, una nueva subvención de 1,2 millones de euros a la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas.

Esta subvención es la cuarta consecutiva que recibe la plataforma con carácter anual y por la misma cuantía, y se ha concedido a propuesta del vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, que gestiona el área de deportes.

El año pasado, la Generalitat justificó su decisión de otorgar esta misma subvención anual aduciendo que poco a poco, el gobierno catalán asumiría las funciones que está realizando la plataforma, por lo que las ayudas a esta entidad privada se irían "reduciendo".

Preguntada por el motivo de que el gobierno haya decidido este año mantener, no obstante, la cuantía de la subvención, la portavoz de la Generalitat, Aurora Masip, ha recordado en rueda de prensa que la plataforma colabora en la promoción del deporte catalán, tal como recoge el mandato de potenciar estas actividades en la ley del deporte.

En 2003, la Plataforma Pro Selecciones Catalanas decidió apoyar electoralmente a ERC en las elecciones autonómicas.

» Artículo publicado en 20 Minutos
» ABC: Carod subvenciona con 4,8 millones a la Plataforma Pro Selecciones

Y mientras:

» 20 Minutos: Hacen falta 30 ambulatorios y mil camas más en los hospitales públicos catalanes

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Carod y Portugal

En tiempos de Pasqual Maragall, en tiempos del primer tripartito de Catalunya, unas declaraciones del conseller en cap de la Generalitat pidiendo ayuda a Portugal para proclamar la independencia catalana en el plazo de siete años habrían provocado un fenomenal revuelo. Más de media España se habría rasgado las vestiduras y Maragall estaría hoy en un serio aprieto.

En tiempos de José Montilla, en tiempos del segundo tripartito, las recientes declaraciones del vicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira, apelando a Portugal como futuro garante de la independencia catalana apenas han tenido eco. Las provocaciones de Esquerra Republicana ya forman parte del paisaje. La retórica independentista ha dejado de causar grandes calambres y se está convirtiendo en un elemento costumbrista, como el 'caganer' en el pesebre. Ni siquiera la Cope, ocupada estos días en el acoso y derribo de Mariano Rajoy, le presta mucha atención.

La historia siempre se repite. Primero es drama y después deviene farsa, como escribió Carlos Marx en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Siempre hay un precedente. El periodista Agustí Calvet, Gaziel, publicó en La Vanguardia una grandísima crónica de los acontecimientos del Sis d'Octubre de 1934 (fecha en la que Lluís Companys proclamó un efímero Estat Català), en la que, desolado, pronosticaba certeramente la agonía de República. "Esto va acabar mal", escribió. Gaziel cuenta como, de madrugada, cuando ya todo estaba perdido, la radio de la Generalitat seguía apelando a la resistencia armada, intercalando sardanas con pasodobles. La rebelión se había transformado en un vodevil. Gaziel, que conocía la fragilidad de la República y de la autonomía catalana, lloró aquella noche.

Carod ya no impresiona –posiblemente, ni siquiera a los militantes de su propio partido- porque Esquerra Republicana perdió en las elecciones generales del 9 de marzo a más de la mitad de sus electores, descalabro sólo comparable a la hecatombe de la UCD el 28 de octubre de 1982.

Sin embargo, en Portugal las palabras de Carod han tenido un cierto eco. Un mal eco. El premio Nobel de Literatura José Saramago, partidario de la unidad ibérica, le ha calificado de oportunista y de servirse de Portugal para sus intereses tácticos. Y algunos periódicos han reaccionado con virulencia. José Manuel Fernandes, director del diario Público, uno de los más influyentes del país, escribía ayer lo siguiente en la página editorial: "El ejemplo que Portugal no debe seguir es el de líderes nacionalistas como Carod-Rovira, provincianos que sobreviven luchando contra imaginarios molinos de viento. Portugal no ha de querer ser pequeño como algunos quieren que sea Cataluña; al contrario, necesita más espacio y ello significa menos fronteras, más integración y más intercambios con toda Iberia, comenzando por Madrid".

Jugando a la radicalidad para intentar ganar el agónico congreso de su partido, Carod, responsable de la política exterior de la Generalitat, acaba de cometer un serio error, impropio de una persona que dice conocer Portugal. Un error difícil de corregir, ya que la sociedad portuguesa se halla en un momento de gran susceptibilidad. En Portugal se cruzan hoy dos corrientes: una de carácter defensivo, que siente nostalgia de las viejas glorias del pasado y es capaz de elegir personaje del siglo al dictador António Oliveira Salazar (dictador civil, introvertido y misterioso, muy distinto de Franco), y una corriente modernizadora que busca el pacto y la integración económica con España, pero que nunca aceptará lecciones ni dicterios de los españoles, sean estos castellanos o catalanes. Los portugueses no quieren sentirse utilizados en las trifulcas hispánicas.

ENRIC JULIANA

» Artículo publicado en La Vanguardia

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Montilla aspira a un cupo como el vasco

· Negociación de los recursos de las autonomías: hoy se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
· Euskadi y Navarra tienen un saldo fiscal positivo; Madrid y Cataluña, los más negativos.

La primera causa del conflicto de la financiación autonómica es el régimen fiscal privilegiado que disfrutan el País Vasco y Navarra. El sistema vasco permite a sus diputaciones forales recaudar los impuestos y liquidar al Estado un tanto alzado, el cupo, que en la última negociación se ha puesto en 1.500 millones de euros al año. Hasta ahora era de 1.300 millones. Esta cantidad compensa los servicios que el Estado proporciona a esa comunidad autónoma, por ejemplo en representación diplomática, comercio exterior, Ejército o las fuerzas de seguridad. El saldo fiscal vasco, la diferencia entre el valor de los servicios que recibe y su aportación al erario público nacional, es positivo en alguna de las balanzas fiscales más solventes que se conocen, como la publicada por el BBVA en noviembre: recibe más de lo que da. Esta discriminación ha irritado profundamente a las regiones con saldo fiscal más negativo, como Cataluña. En 2006, el presidente catalán Maragall, estuvo en Bilbao invitado por el Círculo de Empresarios Vascos y le dijo a sus anfitriones que "no contribuían a la solidaridad nacional". No gustó.

El PSC-PSOE propugnó en su programa de las últimas elecciones un sistema de cupo para Cataluña como el vasco. El manifiesto electoral del PSC reclamaba un sistema de financiación que consiga "la equiparación progresiva entre los ingresos de la Generalitat y los que proporciona el sistema de concierto en El País Vasco". Es decir, lo que están pidiendo el presidente Montilla y el consejero Economía Antoni Castells, no es nuevo, ni una sorpresa. El tripartito de Maragall lanzó hace cuatro años la propuesta de reforma de su Estatut sobre la base de dos premisas: nación y financiación. Entonces el Govern inventarió en 20.000 millones de euros su déficit fiscal con España. Es decir, la diferencia entre su contribución y los retornos que le enviaba el Estado. Y se propuso rebajar la cantidad en 6.000 millones; un cheque de un billón de pesetas. Casi el doble de la media del cheque británico en la UE entre 1984 y 2004.

Castells lleva desde las elecciones de marzo reclamando una negociación bilateral con el Gobierno para acordar el nuevo sistema de financiación catalán antes del 9 de agosto, en virtud del artículo 210 del nuevo Estatut. Por el contrario, algunos notables dirigentes socialistas, como Manuel Chaves, presidente del PSOE, sostienen que la nueva financiación debe negociarse de manera multilateral entre todas las comunidades autónomas y no debe basarse en las balanzas fiscales. Otros, como el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, ya retirado, son menos diplomáticos: "Este asunto resulta mentiroso e insolidario, porque entre los contribuyentes no está doña Cataluña, tampoco el señor Aragón, ni la señorita Andalucía. Los territorios no pagan a Hacienda. Pagan los ciudadanos y pagan más los que más tienen. ¿Por qué se atiende al señor Castells, que dice ser socialista, cuando plantea su impúdica y antisocialista cantinela de la balanza fiscal?".

Este tipo de balances presupuestarios son poco transparentes. Hay no menos de veinte fórmulas para calcular una balanza fiscal, que arrojan resultados dispares. El vicepresidente Solbes encargó en la pasada legislatura a un comité de expertos establecer un método objetivo de cálculo. Esos expertos no han incluido los fondos europeos ni las cuentas de la Seguridad Social en sus criterios contables.

Tampoco lo hicieron los profesores Ramón Barberán y Ezequiel Uriel en las últimas balanzas fiscales conocidas, con la media desde 1991 a 2005, publicadas por el BBVA. En ese estudio, Madrid es la comunidad autónoma con mayor saldo negativo, -12.304 millones de euros. Le siguen Cataluña, con -6.934 millones, Baleares (-770 millones) y la Comunidad Valenciana (-228 millones). Destaca la anomalía del País Vasco y Navarra, regiones ricas con balanzas fiscales positivas de 1.653 millones y 315,5 millones. Con saldo positivo, destaca en términos absolutos Andalucía, con +10.237 millones de euros; seguida de Galicia (3.849 millones), Castilla León (3.535 millones), Castilla La Mancha (2.633 millones), Canarias (2.556 millones) y Extremadura (2.523 millones). Si se hace el cálculo per capita, están en cabeza Melilla, Ceuta, Extremadura y Asturias.

Este es el punto de partida. Aunque ahora lo niegue, Montilla quiere un cupo como el vasco.

IGNACIO MARTÍNEZ

» Artículo publicado en Diario de Cádiz

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Gobernación impone a sus 167 centros cívicos qué periódicos pueden comprar

El departamento de ERC limita las suscripciones a publicaciones en catalán

El Departamento de Gobernación de la Generalitat envió a finales de 2007 una circular a los 167 centros cívicos de Cataluña -bajo su competencia- con una lista restringida de periódicos y revistas a los que se podían suscribir. La relación sólo incluía diarios de información general y publicaciones periódicas editados en catalán, excepto Lecturas -revista del corazón- y Sport, de carácter deportivo.

El comunicado advertía a los responsables de cada centro de que el departamento sólo sufragaría la compra de las publicaciones que aparecían en la lista (Avui, El Punt, Cavall Fort, Sapiens, Descobrir Catalunya, Temps de Viure, El Periódico en catalán, Sport y Lecturas). Por tanto, Gobernación -en manos de Esquerra- prohibía la adquisición de diarios como La Vanguardia, el más vendido en Cataluña; El Mundo Deportivo, con mayor tirada que su contrincante Sport (según el último Estudio General de Medios), y la edición en castellano de El Periódico. EL PAÍS tampoco aparecía en esa lista.

Los equipamientos cívicos dependientes de Gobernación son 97 hogares de jubilados, 36 centros cívicos, 5 ludotecas, 16 hoteles de entidades y 13 casas del mar. Todos ellos disponen de diversas publicaciones para consulta de sus socios y usuarios.

Fuentes de Gobernación informaron a este diario de que la citada relación se confeccionó a partir de las demandas de los distintos centros cívicos. En octubre de 2007, señalaron, se llevó a cabo una encuesta telefónica para que los directores de cada equipamiento comunicaran a qué publicación querían suscribirse teniendo en cuenta las demandas de sus usarios. A partir de ese sondeo, Gobernación contrató las correspondientes suscripciones aplicando criterios de "racionalización económica".

El Departamento encargó 159 suscripciones del diario Avui, la revista Sapiens (mensual de historia), Descobrir Catalunya (revista turística), El Periódico en catalán y Sport. Del semanario Lecturas se pagan 110 suscripciones; de Cavall Fort (tebeo en catalán), 1.800, y de la revista Temps de Viure (dedicada a la tercera edad), un total de 480 ejemplares. El Punt, pese a aparecer en la lista y, por tanto, ser uno de los periódicos reclamados en teoría por equipamientos cívicos, carece de suscripciones. Gobernación adujo falta de presupuesto. La política de restricciones impuesta por la Generalitat provocó las quejas de algunos directores de centros que reclamaron suscribirse a otras publicaciones. Ante este descontento, Gobernación autorizó la compra de nueve ejemplares de La Vanguardia y de algunos periódicos comarcales y locales, como Diari de Tarragona, Diari de Girona, Segre y Regió 7, entre otros, hasta un máximo de 17 ejemplares.

La misma fuente de Gobernación comentó que en ningún caso "se optó por prohibir la suscripción a determinados medios de comunicación, sino que se aplicó una política más racional ante el desbarajuste de publicaciones que contrataba cada centro cívico". El portavoz no halló ninguna circunstancia extraña en el hecho de que desde estos equipamientos sociales, como los hogares de jubilados, se solicitaran revistas como Cavall Fort. De este cómic infantil, la Generalitat reparte 1.800 ejemplares porque, según Gobernación, "muchos niños se lo llevan a casa y se agotan".

La compra de periódicos y revistas es potestad de cada departamento, que aplica sus propios criterios y se basa en su presupuesto anual. El Gobierno catalán carece de una política y de directrices generales en este sentido, salvo la recomendación de limitar al máximo las suscripciones en bloque, una práctica que el tripartito ordenó erradicar frente a su uso generalizado en los gobiernos de CiU, comentaron fuentes del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación. De esta forma, las suscripciones a los periódicos de mayor difusión en Cataluña son similares en todos los departamentos de la Generalitat. Según una respuesta parlamentaria facilitada al PP, en el primer trimestre de 2007, los departamentos del Gobierno catalán tenían contratadas 4.599 suscripciones de los diarios con más tirada [véase el cuadro adjunto]. El mayor desfase se producía en el diario Avui, ya que Gobernación pagaba 948 ejemplares, frente a los 10 de La Vanguardia y los 13 de EL PAÍS. Los departamentos de Vicepresidencia, Trabajo y Acción Social no facilitaron sus datos al PP.

(Clicar en la imagen para agrandarla)
JOSEP GARRIGA

» Artículo publicado en El País

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Italianos y vascos

Los autores de la pintada que se podía leer ayer en Legutiano, Pikoletos a Marruecos, se mueven con los mismos argumentos y los mismos sentimientos "nacionales" que quienes intentan pegar fuego a los campamentos de gitanos en Italia.

Es asombroso que en el país de la Mafia y la Camorra, la manipulación política llegue hasta el extremo de hacer creer a los ciudadanos que sus problemas de inseguridad no derivan del crimen organizado, sino de unos 150.000 gitanos rumanos que se han instalado en los suburbios de sus ciudades (ver la gran crónica publicada ayer en este diario por Miguel Mora). Pero igualmente extraño es que en Euskadi miles de vecinos estén dispuestos a hablar de los daños que ha provocado un coche bomba en sus persianas o gallinas y que, sin embargo, se mantengan en silencio sobre el intento de volar una casa con 30 personas, entre ellas varios niños, en su interior.

Tan increíble es que un país de casi 60 millones de habitantes, con más de 30.000 dólares de renta per cápita, crea que está en peligro por 150.000 zíngaros desposeídos de casi todo, como que los abertzales vascos pretendan que la mayoría de los habitantes de Euskadi, (con los ingresos per cápita más altos de España, 30.599 euros, siete mil más que la media nacional), comprendan sus asesinatos, con la asombrosa idea de que están oprimidos y de que tienen derecho a mucho más.

Muy confusas tienen que estar estas antipáticas sociedades para permitir que sentimientos semejantes se instalen entre ellas sin provocar repugnancia. Sus problemas no radican en los gitanos, ni en los guardias civiles, sino en los sectores "duros" y, fundamentalmente, aprovechados que florecen en sus propias filas. Mucho peor que los problemas que pueda plantear la inmigración irregular, son los problemas que plantean estas personas autóctonas siempre dispuestas a hacer creer a los despistados ciudadanos que la manera de defender su estatus es reaccionar violentamente protegiendo el corralito contra "ajenos". Cuando realmente lo único que se termina protegiendo es su propio interés y poder (de ellos).

Cada día es más sombría la sensación de que no tenemos ni idea de dónde están nuestros auténticos problemas. Nuestra desorientación es monumental, permanentemente preocupados y distraídos con engaños y señuelos, y sin tener un minuto para recapacitar sobre los imparables cambios que se están produciendo en las estructuras básicas de las sociedades desarrolladas, o sobre las formas en que esos cambios nos van a afectar y, quizás, sobre las maneras en las que podríamos influir o, incluso, beneficiarnos en conjunto.

En lugar de eso, (por ejemplo, saber en qué consiste esa extraña palabra, flexiguridad, que aparece ahora en todos los estudios sobre los mercados de trabajo en Europa, Euskadi, resto de España e Italia incluidas), nos dejamos distraer con la idea de leyes especiales contra los inmigrantes o con declaraciones solemnes sobre derechos pretendidamente seculares. La realidad es que esa palabrita afectará mucho más a nuestra vida y a la de nuestros hijos que toda la emigración de los gitanos rumanos o que el plan de Ibarretxe,

(Flexiguridad significa, entre otras cosas, permitir la máxima flexibilidad empresarial, es decir, lisa y llanamente, el despido libre, sin coste para el empleador, pero asegurando que en los periodos entre empleo y empleo el Estado se hace cargo del ciudadano, con programas sociales potentes y con planes de formación que habiliten permanentemente para nuevas tareas. Son una especie de "puertas giratorias" a lo pobre (nada que ver con la de David Tanguas, o de los altos funcionarios que combinan lo público y lo privado). En este caso, el giro es: ahora trabajas, ahora no, en cambios continuos y muy rápidos. La idea es que el Estado no te ayuda a permanecer en el puesto de trabajo sino a permanecer en el mercado laboral, dicen los expertos.

En Dinamarca, con un Estado social muy fuerte, es ya un éxito, pero ahora son todos los empresarios de toda Europa quienes reclaman el modelo. ¿Qué pasará en Estados donde, al mismo tiempo, se disminuye la presión fiscal? Atención a cómo se desarrolla el Libro Verde elaborado hace ya un año por la Comisión Europea y titulado Modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI y al debate que está generando en sindicatos y en organizaciones sociales, no sólo sobre los problemas sino también sobre las oportunidades que se pueden desprender de él).

La pena es que muchos italianos sigan distraídos, creyendo que sus problemas los va a solucionar Berlusconi y la infame persecución de los gitanos y que muchos vascos sigan creyendo que Ibarretxe y el abertzalismo y el infame silencio que mantienen muchos de ellos puede ser la manera de arreglar los suyos.

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ

» Artículo publicado en El País

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La mar de lenguas

Bajo la bandera de la diversidad lingüística, puede encontrarse en la Plaza Universidad de Barcelona la exposición: "La Mar de Llengües. Parlar a la Mediterrània". El evento está organizado por Linguamón – Casa de les Llengües, un organismo creado por la Generalitat de Catalunya. La carpa, instalada desde el 9 de mayo al 1 de junio, invita al ciudadano a conocer el Mediterráneo desde el punto de vista de sus lenguas.


En la ilustración, vemos un fragmento del mapa del Mediterráneo que se nos ofrece en la web de Linguamón, en el apartado de material didáctido. De ahí podemos deducir, por ejemplo, que en Madrid se habla castellano y en Barcelona no, solo catalán. O que en Marsella no se habla francés, sino occitano. O que ni en La Coruña ni en Oviedo se habla castellano. La mar de didáctico.

Por otra parte, y como ocurre habitualmente cuando el nacionalismo catalán habla de diversidad lingüística, se observa en la exposición una cierta predisposición a olvidarse del castellano. Por supuesto, la lengua vehicular de la exposición es una, el catalán, ignorando la otra lengua oficial que se habla en Cataluña; además, un compañero de Ciudadanos ha fotografiado la parte exterior de la carpa, donde hay colgados unos carteles en los que se homenajea a muchas de las lenguas habladas en las riberas del mar Mediterráneo, y no aparece el castellano, claro. Tampoco hay un cartel dedicado al catalán (los nacionalistas van aprendiendo de anteriores torpezas), pero está obviamente presente porque todos los textos aparecen redactados en ese idioma.

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¿A esto llaman igualdad?

¿Se imaginan que por estar gordo se impusiera por un mismo delito una mayor sanción? ¿Se imaginan que por ser negro se impusiera por un mismo delito una mayor sanción? ¿Se imaginan que por ser homosexual se impusiera por un mismo delito una mayor sanción?

Todo ciudadano creería inconcebible que en un país democrático y en pleno siglo XXI sucedieran estas injusticias. Pues bien, el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a la Ley de violencia de género que permitirá aumentar la pena si es un hombre quien comete el delito.

Se rompe el principio que se encuentra en la Constitución y que consagra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Perplejidad y asombro me ha producido el pronunciamiento.

¿Este órgano tiene que velar y defender a los ciudadanos ante leyes que no se ajusten a la Constitución? Esperemos que el ministerio de Igualdad no se quede de brazos cruzados.

VLADIMIR ROJO.

» Artículo publicado en la sección de Cartas de los Lectores de 20 minutos
» Terra: Las claves de la decisión del TC sobre la Ley contra la Violencia de Género

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ETA contra casas cuartel del Estado

Tantas veces el nacionalismo vasco anduvo reclamando que el Estado cediera en algo más y que así ETA dejaría de matar. Tantas veces ha ocurrido que por eso cundió pronto y en profundidad el símil de los unos que sacuden el árbol para que caigan las nueces y los otros que las recogen para redistribuirlas. Mientras, ETA atentaba contra la Guardia Civil y sus casas cuartel, ante la frivolidad pasiva de quienes preferirían no hablar de seguridad del Estado. En circunstancias así, asesinado el guardia civil Juan Manuel Piñuel, el lendakari Ibarretxe insiste en su plan porque -dice- es lo que la sociedad vasca pide. Lo dice a sabiendas de que la sociedad vasca no sólo está dividida, sino que los mínimos anclajes y elementos cohesivos para la preservación vital de una sociedad civil han sido minados por el terrorismo, la pulsión nacionalista, el patrimonialismo institucional, el reparto de despojos y el fraccionamiento de la comunidad. Afirma la autodeterminación después que el PNV quedase muy malparado en las elecciones generales. Lo que configura el plan Ibarretxe son modos tribales, sistemas de exclusión, símbolos regresivos, sustratos de sedición. Por eso ETA ataca de nuevo a la Guardia Civil, porque la sabe un indicativo inalterable y permanente del Estado.

EL PNV tiene dos o tres almas únicamente cuando le conviene. Ahora sólo tiene una, oficialmente fusionada en torno a la propuesta -la «hoja de ruta»- de referéndum secesionista de Ibarretxe y de cara a las elecciones autonómicas de abril. En otro tramo del fuselaje político que le llevó a alterar el Pacto Antiterrorista, Zapatero ya le ha dicho que no. Al menos en apariencia y en esta fase táctica, La Moncloa quiere dejar a entender que no va a meterse de nuevo en otro «do ut des» con ETA y que todo tiene que hacerse según la Constitución. Por otra parte, así es como -salvo que el Tribunal Constitucional sea taxativo- creen los socialistas que quedó redactado el nuevo Estatuto autonómico catalán, refrendado en medio de un abstencionismo muy llamativo. Como añadido documental, Ibarretxe -ya con el «no» de Moncloa y para abultar el próximo programa electoral- plantea a Zapatero asumir nada menos que el preacuerdo explicitado entre el PNV, los socialistas y Herri Batasuna en el curso de la tregua de 2006. Esas cosas, como la maldición de Tutankamon, siempre reaparecen. Se les llama «normalización política». Ibarretxe propone que sea votado en referéndum este otoño. Dos o tres almas; árboles y nueces; casas cuartel y Estado.

Para el caso, el PSOE también dispone de varias almas: una de ellas prometió aprobar sin más el estatuto que el Parlamento autonómico catalán enviase a Madrid, otra le pasó la garlopa en la Comisión Constitucional y una tercera todavía gime por aquel proceso estatutario. Una cuarta o quinta alma, en fin, ahora habla de malestar en Cataluña, pide más financiación y no niega abiertamente que ande en pos de un concierto económico como el vasco. También los agravios comparativos cuartean los partidos políticos.

Vacila el podio del PNV bajo los pies de Ibarretxe y Herri Batasuna está reconstruyéndose bajo la tutela del terrorismo etarra. Es por eso que, en fechas de duelo general como la de ayer, Ibarretxe habla más de su «hoja de ruta» que de la condena de la muerte. Así andan los trabajos para reabrir la casa grande del nacionalismo vasco, con los de ETA matando, lo cual es su manera de sobrevivir y sojuzgar a una sociedad cuyas fallas tectónicas alcanzarían un límite insoslayable de considerar en la forma que sea el plan Ibarretxe. Después de estar en su momento más endeble, ETA mata en las casas cuartel y le paga el «lifting» siniestro a HB. El nacionalismo vasco tiene una manera fija de regresar siempre al punto de partida, sin opciones evolutivas, calcificado en torno a los dogmas de Sabino Arana. En La Moncloa, por el contrario, cualquier día descalcifican su iniciativa de retrazar al completo el modelo de Estado. Entonces, si los cálculos electorales y las encuestas no lo desaconsejan, Zapatero tendrá sobre la mesa de su despacho un nuevo Estatuto vasco. Sería de una flagrante deslealtad preterir que las casas cuartel son parte sustancial de nuestro Estado de Derecho.

VALENTÍ PUIG

» Artículo publicado en ABC

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Carod da 1.000 euros por alumno a colegios catalanes de Francia

Un total de 625.800 euros. O lo que es lo mismo, algo más de 1.000 euros por alumno. Ésta es la cantidad con la que el Gobierno catalán subvenciona este año las ocho escuelas privadas del sur de Francia que utilizan el catalán como lengua vehicular. Con 600 alumnos inscritos, las denominadas bressoles, han contado siempre con importantes ayudas de la Generalitat pese a encontrarse en territorio francés.

Pero las subvenciones han sido especialmente generosas en los últimos meses. A los 625.000 euros aprobados ayer hay que sumarles 2,9 millones aportados hace medio año por el Gobierno catalán para la construcción de un instituto en el Soler, cerca de Perpiñán.

Según datos del Departamento de Educación, la Generalitat destina a cada escolar catalán cerca de 3.700 euros anuales, cifra que incluye los gastos corrientes y las inversiones. De sumar todas las subvenciones -gasto corriente e inversiones- hechas por la Generalitat a la bressola en el último año, el gasto por alumno sería de 6.000 euros, aunque la subvención para la construcción de un centro no tiene visos de repetirse en el futuro.

La generosidad del departamento que dirige Josep Lluís Carod Rovira hacia estas escuelas ya motivó un encontronazo el pasado otoño entre el Gobierno catalán y el Partido Popular y Ciutadans en el Parlament. Ayer el PP reiteró sus críticas por "injerencia" a la Administración francesa. La portavoz del PP en el Parlament, Carina Mejías, criticó también que el Gobierno se queje de la falta de recursos del actual sistema de financiación y al mismo tiempo financie actividades docentes en un país como Francia, con mayor renta per cápita que España. Mejías abogó por destinar este dinero a acabar con los barracones en Cataluña.

Las subvenciones de la Generalitat a estas escuelas francesas se vehiculan a través de una entidad registrada en Cataluña, Amics de la Bressola. El presidente de la entidad, Ricard Gené, explicó ayer a EL PAÍS, que las ayudas responden al "compromiso" del Gobierno catalán con la enseñanza del catalán en el sur de Francia. Pero las subvenciones del Gobierno catalán son sólo una parte de las que recibe esta entidad desde Cataluña. Hay 180 ayuntamientos que aportan dinero a estas escuelas, además de las diputaciones provinciales. Gené asume esta realidad pero asegura que les guía el principio de la transparencia: "hacemos auditorías anuales".

Las bressoles sobreviven a base de subvenciones, aunque Gené asegura que la principal es la que recibe del Gobierno francés y que les permite pagar la mayor parte de sueldos del profesorado. Los 1.000 euros por alumno que reciben por parte de la Generalitat se utilizan para otras labores derivadas de la actividad docente.

» Artículo publicado en El País
» ABC: Carod monta colegios en Francia cuando hay 802 barracones en escuelas catalanas

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Conversando con Yoani

En días pasados pude conversar por teléfono con Yoani Sánchez a raíz de que el gobierno de Raúl Castro, con torpeza de topo alucinado, le negara la visa para viajar a Madrid a recibir el merecido Premio Ortega y Gasset sobre Periodismo en Internet, que otorga el prestigioso periódico El País de España.

El intercambio de palabras con Yoani, entre preguntas y respuestas, fue cordial y varias cosas me sorprendieron de esta joven cubana: su excelente dicción, su amplio vocabulario, la sensatez y precisión de sus juicios, el apego a su generación, el inmenso cariño a su tierra cubana y la humildad con que ha recibidos las dos distinciones, el Premio español y el haber sido seleccionada por el New York Times, entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Yoani se confiesa parte de esa GENERACION Y, que nació en Cuba durante la década de 1970 o después, con nombres como Yanelis, Yoandri, Yocasta, Yumasandra, entre otros, y que inevitablemente tiene esa cicatriz imborrable de la libreta de racionamiento, de los balseros o salidas ilegales, de la escuela al campo, de la persecución oficial a los intelectuales disidentes, del encarcelamiento y maltrato a los homosexuales, de los rígidos muñequitos rusos, del presidio político y de la frustración por el autoritarismo reinante, que en lugar de construir al hombre nuevo, por un arte de birlibirloque, lo que ha hecho es pisotearlo sin clemencia.

La generación de mis padres, dice Yoani, fue la generación del desencanto, la mía ha sido la generación del cinismo y la generación de mi hijo Teo, es la generación de la doble moral.

Yoani estudió Filología Hispánica y de su curso, que eran veinte estudiantes, apenas quedan ocho en Cuba. Su página de Internet o BLOG la creó en marzo del 2007, en un simple esfuerzo de solidaridad con una protesta de intelectuales, conocida como la Guerra de los E-Mails.

Al principio, hace apenas un año, su página electrónica o BLOG, fue una especie de terapia personal. Pero poco a poco, Yoani se percató, que escribir sus viñetas sobre la contradictoria realidad cubana, eran “su razón de existir para tumbar los muros y edificar el país en el que le gustaría vivir.”

Yoani enfatiza con seguridad que no es política. No se siente ni de izquierda ni de derecha. Y no se siente atada a las generaciones pasadas, en la que incluye obviamente a la del castrismo, la más paternalista y autoritaria de todas.

Ella se siente de los de abajo. Y el término que más le agrada usar para identificarse es el de ciudadana, ciudadana de a pie. Yoani, sin apenas percatarse, es parte de esa corriente novedosa muy reciente, que se denomina, periodismo ciudadano. Y este periodismo vigilante y directo es un gran reto, porque le permite mantener la candidez y hablar en primera persona, según ella.

En el fondo de su ser, Yoani ve al régimen castrista agotado e incapaz de proveer al país de realidades concretas, mínimamente reconfortantes. Por eso le gratifica sobremanera ver al ciudadano convirtiéndose en el epicentro de la vida misma.

Su generación llegó al escenario social, insiste, con el derrumbe del Muro de Berlín y la aspiración es sacudirse del paternalismo imperante en el país.

Desde que la agencia Reuters la entrevistó acerca de su BLOG, las entradas a su página de Internet se han elevado a millones y las visitas son varios cientos de miles diarias.

Por eso señala Yoani, que vive dos vidas, una virtual y la otra vida real. La vida real se concentra en su barrio, en el vecino, en las necesidades, en el miedo, en la libreta de racionamiento; y la virtual es lo gratificante de decir lo que uno piensa en el Internet, sin que te pase nada y te puedan leer muchos.

La vida real en Cuba produce angustias y la vida virtual me ha servido para obtener estos dos premios que, jamás habría imaginado recibir, y que son parte de los nuevos métodos pacíficos de mantener la frescura del discurso, para abrir grietas al muro.

Yoani no piensa irse de Cuba, porque insiste que su vida no está en otra parte, sino en Cuba, pero le molesta con hondura que el régimen castrista trate a los ciudadanos como a niños, a la hora de no permitirle entrar y salir del país.

Agradezco a Yoani Sánchez esta oportunidad periodística, en la cual me apoyo para presentar a mi amigo lector, su perfil humano no contaminado, que pienso que es también el perfil de su GENERACION Y.

El destino próximo de Cuba, por ley de sucesión generacional, está en manos de ellos.

A la gerontocracia que gobierna Cuba le sobran armas para mantener el autoritarismo y las brigadas que arrastraron recientemente a las Damas de Blanco en la plaza pública, por un tiempo, pero les falta vitalidad moral y carecen de sucesores, para que ese tiempo de acosos sistemáticos, se prolongue mucho.

La frescura y la libertad de Cuba está definitivamente en la GENERACION Y.

Alberto Müller

» Artículo publicado en Diario Las Américas
» Blog de Yoani Sánchez: Generación Y

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Fiscalía investiga el encargo a dedo de informes a personas afines al tripartito

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga si el encargo a dedo de informes a personas afines al Gobierno tripartito son constitutivos de delitos. El pasado 30 de abril, el ministerio público abrió «diligencias preprocesales», según consta en un oficio al que ha tenido acceso este diario, a raíz de la denuncia presentada por el sindicato colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que considera que la Generalitat podría haber incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La denuncia de este sindicato tuvo lugar después de que ABC desvelara que el Ejecutivo que dirige José Montilla encargó en 2007 un total de 1.583 informes técnicos a personas externas a la administración, por un coste total de 31 millones de euros. Parte de estos estudios fueron pedidos a personas vinculadas a PSC, ERC e ICV, entre las que se encuentran ex diputados, antiguos cargos de la Generalitat y asesores de estos partidos que podrían habrían cobrado más de 300.000 euros. Cifra previsiblemente más elevada, dada la larga relación de empresas que han efectuado este tipo de trabajos.

«Escándalo»

Manos Limpias calificó de «escándalo» los «sectarismos, clientelismo y pago de favores» que, a su juicio, se desprende de estos estudios y que, según CiU y PP, se han externalizado cuando podrían ser realizados perfectamente por funcionarios y personal laboral que ya trabaja para la Generalitat. De hecho, desde que el tripartito gobierna Cataluña, el número de funcionarios ha aumentado sensiblemente, pese a la voluntad de contención presupuestaria que, en su momento, expresó la izquierda, inmersa ahora en negociar un aumento de la financiación para Cataluña.
En 2003, el número de funcionarios contratados por la Generalitat ascendía a 126.510, cifra que en 2008 es de 178.948 (no incluye nuevos médicos, mossos o profesorado). Asimismo, el número de altos cargos ha pasado de 149 a 236, lo que supone un aumento del 58 por ciento, mientras que el personal de confianza eventual asciende a 323, frente a los 227 del año 2003, es decir, un incremento del 42 por ciento. Sin embargo, la externalización de informes, algunos de ellos de dudosa utilidad, parece haberse convertido en una práctica habitual que la Fiscalía deberá determinar si es ilegal.

Manos Limpias sostiene en su denuncia que la Generalitat «ha actuado sin objetividad y sin preservar los intereses generales. Se ha actuado con subjetividad y favoreciendo intereses particulares». Entre los beneficiarios de esas asignaciones a dedo se encuentran Elisabet Comín Oliveres, que formó parte de las lista del PSC en las elecciones locales de 2003 y, en 1999, se incorporó a la candidatura socialista en las autonómicas de 1999. Comín realizó dos informes para la Generalitat por un coste de 60.000 euros. Por su parte, Enric Pujol Casademont, que figuró en las listas electorales de ERC por Gerona, hizo un estudio sontre equipamientos culturales en la zona transfronteriza por 2.750 euros.

Asimismo, la ex diputada de ICV en el parlamento Catalán Bet Font, que es directora de área en La Vola Compañía de Servicios Ambientales, a la que la Consejería de Economía encargó en 2007 seis informes técnicos por 124.000 euros. En el listado figura también Juan Ignacio Lekuona, experto en márketing electoral que en 2006 fue denunciado por el PP por cobrar 12.000 euros del Consejo Insular de Menora por un informe vacío de contenido. El departamento de Acción Social le pagó 12.000 euros por un informe el año pasado.

«Seguimiento de la concha brillante», «Estudio del murciélago Nana como control de la plaga de la mariposa del arroz en el delta del Ebro», «Diseño de parchís y puzzle de la casita de cartón recortable» o «Bibliografía selectiva sobre la imaginación» son algunos de los estudios encargados.

MARÍA JESÚS CAÑIZARES

» Artículo publicado en ABC

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Escritos sobre nacionalismo

Título: Escritos sobre nacionalismo
Autor : Andrés de Blas Guerrero
Edit. : Biblioteca Nueva

El libro recoge, en primer lugar, una serie de trabajos y notas relacionados con distintos aspectos de la cuestión tratada: el nacionalismo en la Transición política española, la convivencia de diferentes nacionalismos en las vidas europea y española, la cuestión nacional y el Estado de las Autonomías, la visión del tema en la Constitución de 1978, así como tres trabajos relacionados con la historia del nacionalismo español, a través de la vida intelectual española del primer tercio del siglo XX: Manuel Azaña, Pío Baroja y Julio Senador Gómez. La segunda parte del libro recoge una selección de artículos sobre el asunto publicados en el diario El País.

Ésta es la crítica del libro que Patxi Unzueta publica en Babelia, el suplemento cultural de El País:

La izquierda y los nacionalismos

Ensayo. Se entiende el desbordamiento de los nacionalismos periféricos tras la dictadura, pero no tanto la ola de entusiasmo filonacionalista que arrastró a los partidos de ámbito estatal, sobre todo de la izquierda, en los años setenta, con consecuencias que se prolongan hasta hoy. Andrés de Blas fue de los primeros en alertar, desde posiciones socialdemócratas, sobre esas consecuencias en artículos y conferencias recogidas en este libro: si desde la democracia cristiana a los partidos marxistas reclamaban la autodeterminación, es decir, el derecho de secesión, como un mínimo democrático indiscutible, es lógico que los nacionalistas genuinos se vieran forzados a singularizarse radicalizando sus propias propuestas. Ello distorsionó la política española de la época, y aunque socialistas y comunistas atemperaron luego su discurso en aras del realismo político, la semilla estaba sembrada para prolongar esa dinámica perversa: lo que en un momento dado es satisfactorio para los nacionalistas, deja de serlo en cuanto los partidos de ámbito estatal lo asumen como propio. Hoy podría tal vez añadirse algo más: que esa dinámica también es mala para los propios nacionalistas con vocación de gobierno (es decir, con aprecio por la estabilidad política): si no encuentran resistencias a sus demandas, se desorientan, pierden la conciencia de los límites y se dejan arrastrar a situaciones imposibles por la presión de los partidos independentistas situados a su costado. En Cataluña, por ejemplo.

El autor busca en la historia las razones de ese desenfoque, desde las alianzas forjadas durante la guerra y prolongadas en la oposición a la dictadura a la mala conciencia de los reformadores del franquismo; pero también la influencia del marxismo sumario de los años setenta, con su adaptación a todo lo que se moviera, sin importar en qué dirección, y aquella confusión que llevó a tomar el nacionalismo como un movimiento social equiparable a la ecología o el feminismo. Ese marxismo ocasional se pasó de moda, pero su huella permaneció en una serie de tópicos y equívocos que identifican radicalidad antiestatal con progresismo. Un estudio de Juan Linz reproducido en el libro revela que todavía en 1979 el 11% de los que expresaban simpatías comunistas defendían la independencia como respuesta adecuada a la cuestión nacional, mientras que sólo el 6% de los votantes de CiU compartía esa idea. Entre los tópicos más superficiales del nacionalismo y sus avalistas exteriores destaca De Blas el de la crisis del Estado nacional. Una contradicción flagrante es la de quienes invocan esa crisis, magnificándola, como argumento de su reclamación de independencia para formar su propio Estado nacional. Otro tópico, el de la afirmación de las nacionalidades vasca, catalana y gallega como únicas realidades nacionales genuinas, negando tal condición a España, permite al autor regresar a la distinción clásica entre nación política y nación cultural que ha desarrollado en sus obras anteriores. El capítulo dedicado a la evolución del pensamiento de Azaña sobre la cuestión nacional es tal vez el más sugestivo del libro, que también incluye artículos de intervención política sobre los temas polémicos de los últimos años, de la autodeterminación a las reformas estatutarias en curso.

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En la Sanidad vasca se valora más saber euskara que tener un doctorado

· Acreditar el máximo nivel de euskara vale 24 puntos; un doctorado, cuatro.
· La exigencia y sobrepuntuación del euskara ha generado malestar entre los aspirantes.
· En la foto: protesta de un grupo de trabajadoras del Hospital San Eloy de Baracaldo (Vizcaya).

El Partido Popular reclama al Gobierno vasco que revise la valoración del euskara en futuras Ofertas Públicas de empleo de Osakidetza (Sanidad Vasca) para "no excluir a profesionales cualificados o con una experiencia acreditada por privilegiar el euskara en relación a dichos méritos".

La parlamentaria popular, Laura Garrido, presentó una proposición no de ley al Parlamento vasco, así como una pregunta para su respuesta oral por el Consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, sobre la 'discriminación' de los aspirantes a la OPE de Osakidetza por la valoración del euskara.

Garrido denunció que en las últimas Ofertas Públicas de Empleo convocadas por el Gobierno vasco para acceder a la plantilla de Osakidetza, el euskara se ha valorado de forma 'excesiva', tanto en la asignación de los perfiles lingüísticos, como en los casos donde "no siendo preceptivo el perfil lingüístico, se consideró como mérito el conocimiento del euskara".

En este sentido, denunció que "la exigencia y sobrepuntuación del euskara ha generado un claro malestar entre muchos de los aspirantes", ya que "ven claramente mermadas sus posibilidades de acceder a una plaza en Ozakidetza a pasar de tener una experiencia acreditada y un buen 'curriculum' profesional".

Más valoración para el euskara que para un master

La portavoz popular explicó que mientras en la última OPE, los perfiles lingüísticos uno, dos y tres, se valoraron con 8, 16 y 24 puntos, respectivamente, la posesión de un master universitario se valoró con dos puntos y el grado de 'Doctor' con cuatro.

Por ello, presentó una proposición no de ley en la que reclama al Parlamento que inste al Gobierno vasco a revisar la valoración del euskara en futuras Ofertas Públicas de empleo de Osakidetza, con el objetivo de "no excluir a profesionales cualificados o con una experiencia acreditada por privilegiar el euskara en relación a dichos méritos".

Además, la proposición solicita la modificación de la normativa referida a la valoración del euskara por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskara en las Administraciones públicas, así como del Plan de Euskera del Ente Público de Osakidetza 2005-2011 para "garantizar la igualdad y la no discriminación por motivos lingüísticos en el acceso a la plantilla de Osakidetza".

Por último, Garrido anunció que preguntará en el próximo Pleno al Consejero de Sanidad, si va a continuar con la política de euskaldunización en Osakidetza y si tiene la intención de modificar la normativa vigente.

» Artículo publicado en El Mundo

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Ciudadanos y olé!

Grabaciones arrebujinadas de la caseta de C's en la Feria de Abril de Barcelona, los días 3 y 4 de mayo de 2008.

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Corbacho celebra que el TC no declare inconstitucional el término 'nación' referido a Cataluña

Todos los partidos catalanes salvo el PP y C's defendieron hoy la plena constitucionalidad del Estatut aprobado en 2006 en referéndum ante posibles recortes del Tribunal Constitucional (TC) tras los siete recursos a esta ley orgánica presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y varias comunidades autónomas.

Según el borrador de la sentencia del TC hecho público hoy por varios medios de comunicación, el alto tribunal ve constitucional el preámbulo, también el apartado en el que se define Catalunya como ' nación '. En este sentido, se recuerda que el preámbulo no tiene valor jurídico, con lo que en la práctica, la definición de Catalunya como ' nación ' carece de significado real.

Desde el PSC e ICV, afirmaron hoy que todo el Estatut es constitucional, mientras que CiU y ERC argumentaron que en la Constitución cabe la posibilidad de que el Estado y la Generalitat cuenten con mecanismos que permitan establecer entre ambas partes una negociación bilateral, al margen del resto de comunidades autónomas.

Posible inconstitucionalidad

El borrador de la sentencia del alto tribunal aprecia que los artículos del Estatut que definen mecanismos bilaterales entre el Estado y la Generalitat, como el modelo de financiación, no se ajustan a la Ley Fundamental.

Desde el TC, admitieron que en los últimos plenos se han abordado distintos borradores sobre el Estatut aunque no hay ninguna conclusión al respecto, aunque no hay ningún texto definitivo, según confirmó hoy 'El País'.

El próximo martes los magistrados debatirán el último borrador elaborado por la ponente, Elisa Pérez Vera, en el pleno donde hay seis magistrados del sector conservador, y cinco del progresista, tras la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, fue hoy el primero en referirse a la polémica, y en una entrevista de RAC1 recogida por Europa Press, dijo que es una "magnífica noticia" que el Tribunal Constitucional (TC) considere que no es inconstitucional el uso del término ' nación ' en el preámbulo del Estatut.

"Espero que ahora no empiece la discusión sobre los efectos jurídicos, porque ser o no ser una nación es un tema de sentimientos", aseguró Corbacho.

» Artículo publicado por Hoy.es

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El embarazo de Carme Chacón

Soy una mujer de 38 años, madre de dos hijos -de dos años y medio, y un año- y directora comercial de una empresa privada desde hace unos años. Mis dos embarazos coincidieron con enormes picos de trabajo en mi sector, incluso con mi último hijo trabajé hasta el mismo día de dar a luz, y viajé hasta el octavo mes.

Eso sí, en aviones comerciales y no en aviones del ejército con salita y asientos de avión privado, ni tampoco viajé con médicos por si se me ocurría parir en medio de mis viajes... Señores, lo que hace la señora ministra está a la orden del día en la sociedad en la que vivimos y a nadie le hacen un homenaje.

ANA BIEZMA

Carta al Director publicada en ADN - Barcelona

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