Una funcionaria cobra 60.000 euros al año por una Oficina Antifraude catalana que no existe

Desde hace tres años, el Gobierno catalán paga un sueldo anual de 60.000 euros a una funcionaria por una Oficina Antifraude de Cataluña que no existe y que, dadas las discrepancias internas del tripartito y la demora del proyecto -tramitado en el Parlamento catalán en 2005-, se desconoce cómo verá la luz finalmente. Una Oficina dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público, y que, entre otras funciones, debería controlar las asignaciones a dedo de informes técnicos a personas externas a la administración, actualmente en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y cuya existencia destapó ABC.

Mientras se determina si este futuro organismo depende del Parlamento catalán, tal como establece el texto actual, o de la Sindicatura de Cuentas, que ya ejerce ese control fiscalizador de las administraciones, el Ejecutivo catalán lleva tres años pagando una nómina a la directora del Programa para la creación de la Oficina contra el Fraude, con categoría de funcionaria de alto nivel dependiente de la Consejeria de Gobernación (dirigida por ERC), lo que supone una retribución anual superior a los 60.000 euros.

Este programa fue aprobado por el Gobierno autonómico en marzo de 2005 en cumplimiento de una resolución del Parlamento catalán, que instaba a la Generalitat a «crear en el plazo de cuatro meses» una oficina de lucha contra el fraude dentro de la Administración de la Generalitat y el sector público». Han pasado tres años y todavía no se ha definido el ámbito competencial propio que tendrá esta oficina, que según dictaminó el Consejo Consultivo en julio de 2006, invadía funciones exclusivas de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. «El Gobierno tripartito lleva tres años pagando la nómina a una persona para realizar no sé que labores en una Oficina Antifraude que no existe», asegura el diputado de CiU, Lluís Corominas. Los nacionalistas, que han presentado 34 enmiendas al proyecto de ley, reclaman que este organismo dependa de la Sindicatura de Cuentas para evitar la duplicidad de competencias y recursos económicos.

El estigma del Carmelo

La Oficina contra el Fraude de Cataluña es una iniciativa con la que ERC pretendía «intimidar» a PSC y CiU, formaciones que habían aparecido implicadas en supuestos casos de corrupción. El presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obra pública (el polémico caso del 3%) denunciado tras el hundimiento del barrio del Carmelo salpicó a los socialistas, quienes se resistían a que la nueva Oficina dependiera de sus socios republicanos.

Las diferencias entre ambos demoró la tramitación del primer proyecto, en el que se contemplaba la vinculación de la Oficina del entonces consejero jefe, Josep Bargalló (ERC), y que entró en el Parlamentó catalán en 2005. El anticipo de las elecciones autonómicas a 2006 supuso un nuevo parón del proyecto de ley de la Oficina, enmendado por el Consejo Consultivo y cuestionado por los síndicos de Cuentas y de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán). El Estatuto aprobado en 2006 reconoce en exclusiva al Síndico de Greuges la defensa y protección de todos los derechos y libertades contenidos en la Constitución y el Estatuto. Asimismo, el texto estatutario indica que la Sindicatura de Cuentas es el «órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de la eficiencia de la Generalitat».

Funciones coincidentes con las de investigación o inspección de posibles casos de uso o destino irregular de los fondos públicos que se atribuye a la Oficina Antifraude. Ambos síndicos defendieron vehemente sus competencias en sus comparecencias en la Cámara catalana y advirtieron de que sus atribuciones podrían solaparse con las de la Oficina. La reforma de la Ley de la Sindicatura de Cuentas está pendiente desde hace más de un año.

MARÍA JESÚS CAÑIZARES

» Artículo publicado en ABC