Francia y España: al mismo problema, distinta solución

Si la desmemoria no se ha apoderado de nosotros -a pesar de la insistencia con que la TV basura intenta anestesiar nuestras mentes y alejar de ellas el compromiso colectivo de velar porque se cumplan nuestras necesidades ciudadanas- podremos recordar la convocatoria de la cumbre europea de la vivienda que tenía que haberse celebrado en Barcelona -en vísperas de las pasadas elecciones autonómicas catalanas- y que fue vergonzosamente suspendida por Rubalcaba bajo el pretexto de “falta de seguridad” para los participantes, basándose en las manifestaciones por la vivienda que aquellos días ocupaban las calles de la ciudad.

Fue lamentable que tal evento no llegara a celebrarse por la posibilidad que encerraba de poner en común planteamientos para la solución de vivienda asequible para todos, partiendo de experiencias de otros países.

Así pues, en España seguimos en el punto donde estábamos y peor: 3.000.000 de viviendas, precio desorbitado de la vivienda, especulación inmobiliaria insoportable, precio de mercado sobrevalorado en un 20% sobre el valor real…y el avance a peor nos lo ha proporcionado el presidente catalán Montilla, con una solución que propone desde la Generalidad de Catalaluña y que consiste en la toma de medidas expropiatorias sobre los pisos vacíos, medidas que han rechazado diversos colectivos sociales y políticos dando al traste con ellas aún antes de haber comenzado su aplicación.

En Francia, el gobierno se ha hecho eco de la demanda de la calle –que en las pasadas Navidades se expresó en París y por extensión en otras ciudades francesas, cuando miembros de la Asociación “Los hijos de Don Quijote” acamparon junto a los sin techo de París- y adoptó el 17/1/07 el proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda. El día de fin de año el Presidente Chirac comunicó a los ciudadanos franceses esta iniciativa legal que él asume como de “considerable progreso social”.

El País del 18/1/07 informa del texto adoptado por el Consejo de Ministros de Francia:

El Estado garantizará el derecho a la vivienda de toda persona que, residiendo en el territorio francés de forma regular y estable, no está en condiciones de acceder por sus propios medios a una vivienda decente e independiente o mantenerse en ella; y establece el derecho de los ciudadanos a exigir una vivienda al Estado ante los tribunales que tendrá efectividad a partir del primero de diciembre de 2008.

La ley, que debe ser adoptada antes de la disolución de las cámaras (prevista para finales de febrero de 2007) acogerá hasta 2012 cuatro categorías de demandas: - las de amenaza de desahucio sin posibilidad de recolocarse, - las de los que viven en albergues temporales, - las de los que se alojan en locales insalubres o impropios, - las de las familias con hijos menores sin vivienda decente o que vivan en condiciones de hacinamiento. A partir del 1 de enero de 2012 este derecho se extenderá a todos los ciudadanos que reúnan las condiciones para acceder a viviendas sociales.

Para el ministro de cohesión social, el proyecto de ley sitúa constitucionalmente el derecho a un alojamiento digno al mismo nivel que la Educación o la Sanidad.

Dado que la “Solución Montilla” se ha convertido en un problema añadido, el presidente Zapatero debería emular a su homólogo francés y empezar a gobernar y legislar para dar soluciones razonables a los problemas que atañen de manera vital a los ciudadanos.

Carmen C.