El tripartito relaja la prohibición de blindar a sus altos cargos

· El personal de confianza que sea despedido cobrará hasta un año de sueldo.
· La nuevas medidas pueden beneficiar hasta a 350 personas, según la oposición.
· Presidencia rechaza hablar de "blindaje" y defiende medidas para atraer talentos.

El Gobierno catalán no puede firmar contratos blindados, es decir, acordar indemnizaciones millonarias, superiores a lo que establece la legislación, en caso de despido o rescisión de la relación laboral. El primer tripartito, presidido por Pasqual Maragall, fijó por decreto las cuantías que percibir por parte de los altos cargos que abandonasen la Administración catalana. Unas cláusulas extremadamente rígidas para que no se repitieran escándalos como los originados por la cúpula de Ferrocarrils de la Generalitat, en época de Convergència i Unió (CiU), que ha acabado en los tribunales por cobrar despidos millonarios.

El pasado viernes, el actual Ejecutivo de José Montilla relajó estas condiciones e incrementó las indemnizaciones por despido o rescisión de contrato -podrán percibir el sueldo de un año- al personal de alta dirección de las empresas y organismos públicos de la Generalitat. El tripartito ha duplicado las cantidades que percibirán estos ejecutivos en caso de despido y amplía de tres a seis meses el periodo que tendrá la Administración para avisarles de la finalización del contrato.

Flexibilizar estos requisitos supone, en la práctica, un blindaje encubierto, pues deja a cada departamento las manos libres para incluir en estos supuestos al personal que considere oportuno. Según la oposición nacionalista, más de 300 personas.

El decreto de Maragall establecía que la compensación económica por despido o finalización de contrato no podía superar el salario de seis meses. Ahora, el tripartito de Montilla lo ha elevado a un año, es decir, el doble. Lo argumenta por "razones de interés público", sin más.

Asimismo, la Administración debía advertir al afectado con tres meses de anticipación de la derogación del contrato. Un plazo razonable, pues la mayoría de los ejecutivos o cargos de alta dirección cesan cuando toma posesión un nuevo gobierno. Y desde la convocatoria de unas elecciones hasta la toma de posesión pasan aproximadamente tres meses.

Montilla ha decidido aumentar este periodo a seis meses, lo que raramente se podrá cumplir. Se tratará entonces de un despido improcedente a no ser que el nuevo consejero que acceda al Gobierno opte por quedarse con el alto directivo hasta la finalización de su contrato. En cualquier caso, se trata de un blindaje de hasta un año de sueldo y de seis meses de contrato.

Fuentes de la oposición parlamentaria comentaron la coincidencia en el tiempo entre la aprobación del decreto y la renovación de la casi totalidad de los cargos en TV-3 y Cataluña Ràdio. Por su parte, en Gobernación señalaron que la propuesta de modificación de esta norma partió directamente de Presidencia de la Generalitat. Fuentes del Gobierno catalán justificaron este cambio de normativa por la dificultad de la Administración de contratar personal cualificado debido a los bajos salarios que ofrece ésta comparados con la empresa privada, e incrementar la cuantía de las indemnizaciones supone un incentivo para atraer a estos profesionales. En ningún caso, añadieron, se trata de un contrato blindado.

CiU consideró ayer esta medida una "grave irresponsabilidad" del tripartito, según la diputada Pilar Pifarré. El popular Josep Llobet anunció que su grupo preguntará a cuántos altos cargos afecta este decreto.

» Artículo publicado en El País.