C's denuncia en el Parlament las extorsiones de la Plataforma per la Llengua

José Domingo, diputado de C's, denuncia en el Parlamento de Cataluña las prácticas indebidas de la Plataforma per la Llengua. Esta asociación, que recibe subvenciones de la Generalitat, utiliza la ciberocupación, la difamación y la extorsión para obligar a empresas privadas a utilizar la lengua catalana.

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Mar de llengües, la hipocresía

Que una política totalitaria –dentro o fuera de un Estado democrático– impida que ciudadanos libres ejerzan sus derechos no es de extrañar, pues forma parte de su naturaleza; que una política totalitaria, para impedir que ciudadanos libres ejerzan sus derechos, utilice la mentira, la manipulación o la exclusión forma parte de su naturaleza; pero que una política totalitaria, además de excluir o imponer, trate de pasar por demócrata y utilice los derechos humanos para justificar su inculcación produce arcadas.

Pues bien, esa desagradable sensación es la que sacas inmediatamente después de ver la exposición La mar de llengües, parlar a la mediterrània que Linguamón, con el patrocinio del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, lleva a cabo con impúdica impostura en Barcelona con motivo de la conmemoración del año internacional de las lenguas que se ha sacado de la manga el Gobierno de entendimiento con el independentismo de José Montilla.

Es un déjà vu. Emplear un arsenal de conceptos humanistas al servicio del despotismo. Es la mecánica del fascismo posmoderno: toda la eficacia del lobo camuflada tras la piel de cordero. Se habla de integración para imponer la asimilación, se habla de derechos lingüísticos para despojarnos de ellos, se habla de lengua propia para hacer impropias a las demás, se habla de derechos históricos para destruir los democráticos, se habla de bilingüismo para imponer el monolingüismo, se habla de cohesión social para excluir con impunidad.

Cada una de estas contradicciones queda retratada en la exposición La mar de llengües. Toda la hipocresía, toda la mala conciencia se trasforma en semántica buenista; todo el victimismo agresivo, todo el presupuesto de la Generalitat al servicio de un racismo lingüístico imposible ya de ocultar. Paredes, paneles, folletos. Grandes frases al servicio de la exclusión: "¿Quién puede decir que una lengua es mejor que otra?" Sin rubor, así, grafitando las paredes de la exposición. Parecería que son los primeros defensores del respeto a todas las lenguas. Los mismos que cada día nos recuerdan la inaceptable presencia del castellano en Cataluña, nos aleccionan con la igualdad de todas las lenguas. "Todas las comunidades lingüísticas son iguales en derechos" (Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, nos recuerdan). ¿Dónde dejan los derechos de los niños castellanohablantes cada vez que les impiden estudiar en su lengua materna y elegida, además de oficial y común de todos los españoles? ¿Cómo pueden tener la desvergüenza de robar los derechos de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, y a la vez, lavarse la conciencia con proclamas como esas con la perversa intención de proyectar sobre la lengua oficial de toda España intenciones excluyentes que sí practican ellos?

En el colmo de la impostura, las proclamas de Linguamón declara a Barcelona la capital del multilingüismo con informaciones como estas: "El proyecto nace en Cataluña, sociedad comprometida con la diversidad lingüística del mundo" (Parece ser que de tanto comprometerse con la diversidad lingüística del mundo, se ha olvidado de comprometerse con la diversidad lingüística de casa). Y continua: "Quiere proyectar internacionalmente modelos de gestión respetuosos con la diversidad lingüística". Más jeta, imposible.

Y para terminar: "En el Mediterráneo hay millones de niños que hacen clase en una lengua diferente de la del país... es el caso de la lengua occitana..." Mapas, despliegues de ideología nacionalista, ni un solo dato contrastado ni objetivo. Ellos hablan por los franceses, interpretan sus deseos y derechos como si fueran un país de desamparados. Pero tanto se preocupa el Gobierno de la Generalitat de que un niño francés de la zona donde históricamente nació el occitano reciba las clases en la "lengua del país" que pasa por alto que allí donde podría hacer cumplir ese derecho, es decir, en Cataluña, lo impide. Incluso pone sanciones económicas por rotular en castellano.

La exposición es una empalagosa cadena de secuencias aparentemente humanitario lingüísticas con destellos inconscientes de odio al castellano. Por ejemplo, rebajan los 350 ó 400 millones de hablantes de español en el mundo a 250. No me extraña que, para que le salgan esos números, hayan tenido que reducir los 45 millones de hablantes de español en España a tan sólo 31 millones. Suponemos que dan por sentado que en Cataluña, País Vasco y Galicia nadie habla español. Error que define sus políticas de exclusión.

Antonio Robles, Diputado de C's en el Parlamento de Cataluña

» Artículo publicado en Libertad Digital
» TriPartit 2.0: La mar de lenguas

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Las preguntas de Ibarretxe, el Empecinado

Después de darle muchas vueltas, Ibarretxe, el líder que lleva al pueblo vasco en su cuerpo y en su alma, el hombre que empezó a estudiar euskera cuando accedió al cargo de lehendakari para hacerse uno con su tierra, el insuperable campeón del raca-raca, ha hablado, y ha anunciado al mundo sus preguntas para el referéndum imposible:

1. ¿Está usted de acuerdo en arrimar el ascua a la sardina de la izquierda abertzale y no condenar el terrorismo de ETA en esta pregunta para que el PNV pueda seguir explotando electoralmente la táctica del victimismo?


2. ¿Está usted de acuerdo en que el multimilenario pueblo de todas las Vascongadas se pronuncie en referéndum a favor de que el PNV amplíe sus cuotas de poder recogiendo las nueces que caen del árbol que sacude el terrorismo de ETA?

Vascas, vascos y vascoides pueden escoger entre las siguientes respuestas:

1. LO QUE DIGA MI LEHENDAKARI


2. ¿EIN?


3. A KASKARLA

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¿Igualdad o libertad?

Tengo hijos e hijas que han estudiado en centros públicos con enseñanza mixta, y otros en centros concertados con enseñanza diferenciada. Y estoy muy contento de haber podido escoger en cada ocasión lo que me ha parecido más conveniente. Ahora el tripartito catalán, en la nueva ley de educación, antepone el igualitarismo entre centros a la posibilidad de elección. ¿Acaso tienen miedo a la libertad?

En Suecia, en 1991 y tras muchos años de socialdemocracia con un sistema educativo único, los partidos no socialistas ganaron las elecciones con el eslogan "La revolución de la libertad de elección", implantando a continuación el cheque escolar, que permite a cualquier familia, sin que le cueste nada, escoger para sus hijos el centro de enseñanza que desee, público o privado, religioso o laico, con coeducación o con enseñanza diferenciada. Y aunque después se han ido alternando en el poder, socialdemócratas y liberales, el cheque escolar ha continuado en vigor con la máxima aceptación social.

Pero el tripartito no parece opinar del mismo modo; prefiere el sistema único y uniformizador propio de los regímenes totalitarios. Quizá porque es el que mejor garantiza la manera de perpetuarse en el Gobierno.

LUIS ESQUENA ROMAGUERA

» Artículo publicado en El País como Carta al Director

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Las embajadas no aguantan a Carod

· Los diplomáticos denuncian que los emisarios catalanes no respetan los protocolos establecidos en sus visitas al exterior.
· También vetan en sus actos la bandera española.
· Las invitaciones para la inauguración de las delegaciones de Londres y Berlín estaban escritas sólo en inglés y catalán.


La apertura de las llamadas «embajadas catalanas» sigue creando problemas a los embajadores españoles destacados en el país en el que la Generalitat pretende la representación, porque los emisarios catalanes no respetan los protocolos ni las normas establecidas. Sucedió hace unas semanas en Londres, donde la cancillería española sólo fue informada de la fecha de la apertura de la Delegación en una invitación redactada exclusivamente en inglés y catalán, los mismos idiomas utilizados en el acto de inauguración, en el que sólo estuvo presente la bandera catalana, según ha podido saber LA RAZÓN de diversas fuentes diplomáticas.

El vicepresidente de la Generalitat, Carod Rovira, actuó de la misma manera en que lo había hecho con anterioridad en Berlín o Edimburgo y que, formalmente, estuvo mal vista por el Gobierno de Zapatero, porque algún miembro de su Gabinete manifestó algo en ese sentido, aunque no pasó de un simple comentario. Es más, las fuentes que informaron a este periódico están convencidas de que la falta de reacción a estas formas, en su opinión demasiado evidente, se debe a la debilidad política de Zapatero ante los 25 escaños que le proporciona la comunidad que preside Montilla.

Política de apaciguamiento

«Esta realidad le lleva a adoptar una política de apaciguamiento y ocultación de hechos graves como éstos, que van socavando la fuerza e imagen de España, en beneficio de otras fuerzas que observan este proceso de descomposición con profunda satisfacción», añadieron las fuentes.

En la apertura de la delegación londinense, Carod no mencionó para nada España, ni la Constitución, y sí, en cambio, el Estatuto. Tampoco hizo saber a nadie que en el acto se encontraba un miembro de la Embajada española, en representación del Embajador, a la que, obviamente, no invitó a colocarse junto a él, sino que se vio obligado a permanecer como público asistente. El político catalán se dedicó a hablar de las relaciones históricas entre Cataluña y el Reino Unido y de explicar que su embajada en Londres «llevaría también las relaciones con los países nórdicos».

Está claro que los tres representantes de la Generalitat que se trasladaron a Londres: José Lluis Carod-Rovira, Joan Saura y la «secretaria de Asuntos Exteriores», Roser Clavell i Soldevila, volvieron a saltarse a la torera el principio de lealtad y respeto al Estado, así como la Carta Magna, que si bien faculta a las comunidades autónomas a utilizar banderas propias, obliga a que éstas figuren junto a la española en los actos oficiales. Y se supone que la apertura de esta delegación en aplicación de un decreto del Gobierno catalán, lo era.

Respeto a la Constitución

Por otro lado, el Estatuto catalán reconoce que la Generalitat podrá abrir delegaciones en el exterior, pero siempre respetando la Constitución española, y ésta dice que las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Gobierno de la nación. Por cierto, ésta se mantiene como una de las escasas competencias no transferidas a las comunidades autónomas.

Los representantes de la Generalitat ignoran la existencia de una representación diplomática española cuando viajan al extranjero, sin que el Gobierno de Zapatero haya dicho nada al respecto hasta el momento. Lo normal es que cuando un político español visita otro país sea acompañado por un representante de la embajada, pero los miembros del Gobierno catalán se saltan la norma e imponen que en sus entrevistas no esté presente nadie del Ministerio de Exteriores.

Lo hizo recientemente Montilla en su viaje por Marruecos y Carod-Rovira en Edimburgo y Berlín antes de repetirlo en la polémica inauguración de Londres.

CARMEN GURRUCHAGA

» Artículo publicado en La Razón

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Adiós a las exenciones de estudiar euskera

· El nuevo currículo restringe al mínimo la posibilidad de eximir a los alumnos del estudio y la evaluación de la lengua vasca.
· Experiencia en un colegio de Oyón.

El Departamento de Educación ha cerrado el círculo lingüístico. Primero fue la enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años), después el Bachillerato y, por último, la etapa Infantil e incluso la Educación Permanente de Adultos. Todas las etapas tendrán al euskera como la lengua principal. Al menos, sobre el papel. Y como complemento, el nuevo currículo de la enseñanza obligatoria atornilla las posibles exenciones de estudiar euskera, hasta reducirlas a la mínima expresión.

En estos momentos, alrededor de 5.000 alumnos están eximidos. Se trata de escolares procedentes de otras comunidades o países cuyos padres han recalado en la comunidad autónoma por motivos de trabajo y que tienen en su horizonte volver a su lugar de origen. Una buena parte de esos alumnos son hijos de funcionarios del Estado y el resto lo suelen completar los inmigrantes, cuyas familias se mueven en la incertidumbre laboral.

El colectivo de alumnos eximidos del euskera se escolariza en lo que se conoce como el modelo X, enseñanza íntegramente en castellano, que ni siquiera tiene la lengua vasca como una asignatura.

Con el nuevo currículo, las cosas van a cambiar. El texto establece que la exención podrá ser de un curso, pero si el alumno sigue escolarizado en el sistema educativo vasco, el centro donde está matriculado debe prepararle un plan de trabajo individual por un máximo de dos cursos escolares. Al finalizar ese periodo, el estudiante debe incorporarse al curso que le corresponda y seguir el mismo ritmo de euskaldunización que lleven sus compañeros. Esta es lo que dispone el currículo, pero hasta que se no se desarrolle mediante una orden, los colegios seguirán echando mano del antiguo sistema. Es decir, pedir la exención año a año de los alumnos. "Hasta ahora no hemos tenido ningún problema y así seguiremos. Pretender que un alumno que no ha estudiado en euskera se incorpore al cabo de dos cursos al ritmo de una clase que lleva con la lengua vasca desde Infantil es una utopía", asegura Igone Martín, profesora del colegio público Ramiro Maeztu, en la localidad de Oyón, en la Rioja alavesa. El caso de este colegio es singular.

Cuando a Miguel Lavilla, director del centro desde hace siete años, le hablan de que el Gobierno vasco exige que el euskera se convierta en la lengua vehicular en los colegios y de que las exenciones prácticamente desaparecen, su primera reacción es de indiferencia. Después echa mano de los datos y los lanza despacio, pero sin pausa: de 263 alumnos matriculados en Infantil y Primaria, cerca de 200 estudian íntegramente en castellano; el 18% de los alumnos del centro son inmigrantes y otro porcentaje alto procede de Logroño y toda su vida se desenvuelve en castellano; en lo que va de curso, han pasado ya 63 profesores. Ninguno quiere quedarse en un centro frontera, a cinco kilómetros de Logroño, pero a casi una hora de viaje desde Vitoria.

Oyón sólo es una estación de paso para los docentes y, en muchos casos, esa estación apenas dura unos meses. Se da el caso de que alguno de los docentes con destino definitivo en el colegio no lo ha pisado aún. Lleva diez años en comisiones de servicios en otros destinos, haciendo lo imposible por no recalar en Oyón.

Este es el caldo de cultivo en el que se mueve Lavilla y al que hace frente con sentido común. "Lo que es imposible es imposible. Y que el euskera sea el idioma en el que estudien estos alumnos es imposible". "Nuestro colegio no está en las mismas condiciones que los demás. En lo que va de curso, por aquí han pasado ya 63 profesores. Ya me contarás que proyecto lingüístico podemos poner en marcha. Bastante que nos aprendemos los nombres de todos los profesores que pasan".

Lavilla barrunta problemas. "Todos los alumnos de Primaria estudian en castellano. Es lo que quieren las familias (la ikastola está justo al lado y tiene Primaria y Secundaria con menos alumnos). La mayoría de los niños del pueblo se matriculan en el colegio público, agrupamos a todo el alumnado inmigrante y desfavorecido".

También a los hijos de familias de Logroño, cuyos padres compran el piso para vivir en Oyón porque está más barato que en la capital riojana, pero su vida está en la capital riojana. "La mayoría de los inmigrantes proceden de Marruecos. Sus padres intentan a duras penas aprender castellano y en esas condiciones, ¿vamos a obligarles a aprender euskera?"

Hasta que no se desarrolle con órdenes el currículo, Lavilla asegura que el colegio seguirá como siempre, pidiendo exenciones de euskera año a año. Cada curso piden alrededor de diez. "Toda la vida se desarrolla en castellano. Hay muchas familias que vienen a trabajar y no es para toda la vida, están tres o cuatro años y después se van. Es una población móvil. Es inviable que la lengua vasca se convierta en el idioma principal, es que los alumnos no nos aprenden ni los números".

La plantilla del centro es de 32 profesores, de los que 20 tienen destino definitivo. Pero sólo siete ocupan la plaza de manera efectiva (y cuatro están a punto de jubilarse con 58 años pasados). El resto no ocupa su plaza porque están en comisión de servicios. Y todo se resuelve a base de sustitutos y más sustitutos. "Como los profesores no quieren venir, por las circunstancias que sean, piden una comisión de servicios. Entre las liberaciones para estudiar euskera, las bajas por enfermedad y las resistencias a venir, casi hay que darle una medalla al profesor que viene hasta aquí".

Los padres se quejan. El director se queja, no sabe qué docente dará clase el siguiente curso. "Así es imposible establecer proyectos a largo plazo. Es un tema grave, no puedes aplicar el currículo, no puedes planificar nada. Me he quejado al departamento y no hay ninguna contestación". Lavilla vino "destinado forzoso" de Vitoria a Oyón y trasladó a toda su familia a Logroño. "Después de tres accidentes en la carretera, dije que se acabó".

EDUARDO AZURMENDI

» Artículo publicado en El País, en la edición del País Vasco

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Tribalidad o ciudadanía

A pesar de las distancias geográficas y culturales, los brutales linchamientos de inmigrantes surafricanos en Johanesburgo, los vandálicos asaltos a los asentamientos de gitanos rumanos en Nápoles y el cobarde asesinato perpetrado por los etarras en Legutiano guardan entre sí una perversa similitud motivacional: el mismo sentimiento de odio a todo lo que se percibe como distinto -cultural, política, o étnicamente- y la íntima convicción de que la esencia y la pervivencia de "su comunidad", la surafricana, la napolitana o la vasca, está en peligro por culpa de los "de fuera".

Cambian los escenarios, los protagonistas y las motivaciones aparentes, pero la mano miserable capaz de prender fuego a un ser humano, o accionar un coche bomba frente a una casa-cuartel, está movida en su raíz por ese mismo pánico irracional a perder los referentes identitarios.

Ahí está el mayor reto planetario para los gobernantes del siglo XXI: vencer la xenofobia, superar las tribus, formar ciudadanos.

IGNASI CASTELLS CUIXART

» Carta al Director publicada en El País

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Golpe a la cúpula de ETA: De Loyola a Burdeos

Durante años ha sido un lugar común afirmar que la jefatura política de la banda era secundaria porque los que de verdad mandaban eran los jefes militares: los que controlaban las armas y a los comandos. La detención de Mikel Antza, hace casi cuatro años, obligó a matizar esa visión.

Intentar dar sentido político a los atentados mediante los comunicados y el boletín interno es lo que diferencia a una cuadrilla de atracadores de una organización terrorista; además de esa tarea, del aparato político de ETA depende la relación con Batasuna, por ejemplo, o la definición de quiénes -de qué partido, con qué uniforme- son objetivo militar en un momento dado; o la decisión de decretar o de romper una tregua.

El que parece ser sucesor de Ternera al frente de ese aparato, López Peña, ha sido detenido con otros tres miembros del mismo: el que ya en 2004 se encargaba de la impresión del zutabe, y dos ex miembros de la dirección de Batasuna, Salaberria y Ozaeta. Estas detenciones se producen en plena ofensiva de ETA, destinada seguramente a forzar a los socialistas a reabrir la negociación; pero con la novedad de que casi toda la dirección del brazo político está en la cárcel, y que Gobierno y oposición están de acuerdo en considerar estratégica, hasta la desaparición de ETA, la apuesta por mantener a Batasuna y sucedáneos fuera de la ley. El argumento mayor en favor de esa ilegalización no es que condenen o no los atentados, sino la evidencia del trasiego entre la dirección del partido y la de la banda. Esa porosidad permitió a Josu Ternera pasar directamente de su escaño al aparato político de ETA, y ha permitido a estos dos ex miembros de la Mesa Nacional reaparecer en Burdeos como dirigentes del brazo armado.

Policías y jueces han cumplido con su obligación, y también el Gobierno y la oposición poniendo fin a su bronca desmesurada en torno a la política antiterrorista. La banda venía anotándose como un efecto de su estrategia la ruptura de la unidad entre los partidos democráticos. Pero esa fractura se había producido en un periodo sin atentados mortales. Socialistas y populares son seguramente conscientes de que la opinión pública no toleraría que siguieran igual tras el regreso de los coches bomba.

Quien no ha estado a la altura ha sido el nacionalismo vasco gobernante, que ha renunciado a asumir su principal responsabilidad en este asunto: la desautorización desde el propio nacionalismo de la pretensión de legitimidad de ETA. El PNV y sus aliados en el Gobierno de Ibarretxe siguen sin sacar consecuencias políticas de su condena de los atentados. Mantienen su oposición a la ilegalización del partido de Ternera, Ozaeta y Salaberria y siguen poniendo pegas a los intentos de sustituir democráticamente a los alcaldes de ANV que se niegan a condenar los asesinatos de concejales de otros partidos.

En una entrevista publicada en Deia en el verano de 2002, Ibarretxe reconocía que no acostumbraba a leer los periódicos. Tal vez eso explique su impermeabilidad total a los argumentos de quienes no comparten su fe. Lo más llamativo de su entrevista con Zapatero fue su sorpresa, a la salida de La Moncloa, porque el presidente del Gobierno de España pretendiera que cualquier eventual reforma del marco político tuviera que adecuarse a la Constitución y los procedimientos legales, no admitiera como algo evidente de suyo el ámbito vasco de decisión y no comprendiera que Euskadi no es una parte subordinada de España.

Tampoco entendía que Zapatero se negase a asumir o al menos debatir con él lo que los socialistas habían negociado con Batasuna (e indirectamente con ETA) en 2006. Utilizar los papeles de Loyola contra quien fue socio del PNV en aquel intento de evitar que ETA cumpliese su amenaza de romper el alto el fuego revela una deslealtad profunda. Seguramente los socialistas habrían sido menos receptivos a los argumentos de los nacionalistas de haber sospechado que, en caso de fracaso, sus socios fueran a utilizar contra ellos lo entonces hablado.

El contenido de los papeles manejados en Loyola como "bases políticas de un futuro acuerdo" revela una ligereza preocupante incluso en esas circunstancias; pero sería injusto ignorar que incluía cláusulas por las que expresamente se condicionaba todo el proceso a la ausencia de violencia y coacción, por un lado, y al resperto de las normas y procedimientos legales, por otro. Lo que significa que era un acuerdo provisional, pendiente de las adaptaciones necesarias para que encajase en los marcos legales.

Ibarretxe ha renunciado a su compromiso de no plantear su consulta con ETA en activo, y se ha saltado todos los procedimientos y normas con su propuesta de que Zapatero asuma su plan soberanista; pero sobre todo, el intento de Loyola no sirvió para que ETA abandonase, y de ahí que el PSE y el PNV concluyeran que había que cambiar de estrategia y que las prioridades eran ahora otras: hacer frente a ETA mediante la "acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno", en palabras de Imaz.

Ibarretxe ha hecho lo contrario.

PATXO UNZUETA

» Artículo publicado en El País

Y, desde el Gobierno Vasco, el PNV ha expresado sus dudas acerca del alcance e importancia de la operación policial. Es lógico, acciones como ésta perjudican su labor de recolectores de nueces.

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Una funcionaria cobra 60.000 euros al año por una Oficina Antifraude catalana que no existe

Desde hace tres años, el Gobierno catalán paga un sueldo anual de 60.000 euros a una funcionaria por una Oficina Antifraude de Cataluña que no existe y que, dadas las discrepancias internas del tripartito y la demora del proyecto -tramitado en el Parlamento catalán en 2005-, se desconoce cómo verá la luz finalmente. Una Oficina dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público, y que, entre otras funciones, debería controlar las asignaciones a dedo de informes técnicos a personas externas a la administración, actualmente en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y cuya existencia destapó ABC.

Mientras se determina si este futuro organismo depende del Parlamento catalán, tal como establece el texto actual, o de la Sindicatura de Cuentas, que ya ejerce ese control fiscalizador de las administraciones, el Ejecutivo catalán lleva tres años pagando una nómina a la directora del Programa para la creación de la Oficina contra el Fraude, con categoría de funcionaria de alto nivel dependiente de la Consejeria de Gobernación (dirigida por ERC), lo que supone una retribución anual superior a los 60.000 euros.

Este programa fue aprobado por el Gobierno autonómico en marzo de 2005 en cumplimiento de una resolución del Parlamento catalán, que instaba a la Generalitat a «crear en el plazo de cuatro meses» una oficina de lucha contra el fraude dentro de la Administración de la Generalitat y el sector público». Han pasado tres años y todavía no se ha definido el ámbito competencial propio que tendrá esta oficina, que según dictaminó el Consejo Consultivo en julio de 2006, invadía funciones exclusivas de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. «El Gobierno tripartito lleva tres años pagando la nómina a una persona para realizar no sé que labores en una Oficina Antifraude que no existe», asegura el diputado de CiU, Lluís Corominas. Los nacionalistas, que han presentado 34 enmiendas al proyecto de ley, reclaman que este organismo dependa de la Sindicatura de Cuentas para evitar la duplicidad de competencias y recursos económicos.

El estigma del Carmelo

La Oficina contra el Fraude de Cataluña es una iniciativa con la que ERC pretendía «intimidar» a PSC y CiU, formaciones que habían aparecido implicadas en supuestos casos de corrupción. El presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obra pública (el polémico caso del 3%) denunciado tras el hundimiento del barrio del Carmelo salpicó a los socialistas, quienes se resistían a que la nueva Oficina dependiera de sus socios republicanos.

Las diferencias entre ambos demoró la tramitación del primer proyecto, en el que se contemplaba la vinculación de la Oficina del entonces consejero jefe, Josep Bargalló (ERC), y que entró en el Parlamentó catalán en 2005. El anticipo de las elecciones autonómicas a 2006 supuso un nuevo parón del proyecto de ley de la Oficina, enmendado por el Consejo Consultivo y cuestionado por los síndicos de Cuentas y de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán). El Estatuto aprobado en 2006 reconoce en exclusiva al Síndico de Greuges la defensa y protección de todos los derechos y libertades contenidos en la Constitución y el Estatuto. Asimismo, el texto estatutario indica que la Sindicatura de Cuentas es el «órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de la eficiencia de la Generalitat».

Funciones coincidentes con las de investigación o inspección de posibles casos de uso o destino irregular de los fondos públicos que se atribuye a la Oficina Antifraude. Ambos síndicos defendieron vehemente sus competencias en sus comparecencias en la Cámara catalana y advirtieron de que sus atribuciones podrían solaparse con las de la Oficina. La reforma de la Ley de la Sindicatura de Cuentas está pendiente desde hace más de un año.

MARÍA JESÚS CAÑIZARES

» Artículo publicado en ABC

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La Generalitat subvenciona con 1,2 millones a la plataforma pro selecciones catalanas

· Es la cuarta subvención consecutiva que recibe la plataforma.
· Se ha concedido a propuesta del vicepresidente catalán, Carod-Rovira.
· La Generalitat la justifica porque promueve el deporte catalán.

El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha decidido hoy otorgar, a través del Consejo Catalán del Deporte, una nueva subvención de 1,2 millones de euros a la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas.

Esta subvención es la cuarta consecutiva que recibe la plataforma con carácter anual y por la misma cuantía, y se ha concedido a propuesta del vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, que gestiona el área de deportes.

El año pasado, la Generalitat justificó su decisión de otorgar esta misma subvención anual aduciendo que poco a poco, el gobierno catalán asumiría las funciones que está realizando la plataforma, por lo que las ayudas a esta entidad privada se irían "reduciendo".

Preguntada por el motivo de que el gobierno haya decidido este año mantener, no obstante, la cuantía de la subvención, la portavoz de la Generalitat, Aurora Masip, ha recordado en rueda de prensa que la plataforma colabora en la promoción del deporte catalán, tal como recoge el mandato de potenciar estas actividades en la ley del deporte.

En 2003, la Plataforma Pro Selecciones Catalanas decidió apoyar electoralmente a ERC en las elecciones autonómicas.

» Artículo publicado en 20 Minutos
» ABC: Carod subvenciona con 4,8 millones a la Plataforma Pro Selecciones

Y mientras:

» 20 Minutos: Hacen falta 30 ambulatorios y mil camas más en los hospitales públicos catalanes

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