septiembre 08, 2008

Imposición del gallego

Recientemente, los altos cargos de la parte socialista del gobierno de la Junta de Galicia, que controla la política lingüística, han afirmado con rotundidad que "en Galicia nadie tiene problemas con el uso del gallego y que quien afirme lo contrario está fuera de la realidad".

Pues bien, recientemente recibí la cartilla sanitaria de mi primer bebé, que viene exclusivamente en gallego, pese a los problemas que una incorrecta interpretación de la información allí contenida podría acarrear para la salud del bebé.


Problemas que, según el criterio político, que no médico, de la Junta de Galicia, son "mínimos o inexistentes". Si es así, ¿por qué no redactar dicha cartilla en castellano?

Imagino que las dificultades para los gallegoparlantes serán igualmente mínimas o inexistentes. Que nadie se engañe. Somos muchos los gallegos que no estamos contra el gallego, pues los idiomas por sí mismos son inofensivos, sino contra la imposición totalitaria del gallego y la merma de derechos que dicha imposición supone para los castellanohablantes.

José Carlos Sánchez Domínguez (Pontevedra)

» Carta al director publicada en La Vanguardia

septiembre 07, 2008

El tronco y las ramas

No resulta fácil explicar el Estado de las autonomías. En mis clases de la Universidad tuve que advertir a los alumnos que era una manera nueva de organización territorial del Estado, distinta de las hasta ahora ensayadas en los sistemas de descentralización de los poderes públicos. Luego, en el Tribunal Constitucional, intenté que la fórmula española no fuese considerada como una especie de federalismo. Pero en un sector de la doctrina (así como en ciertos ámbitos políticos) se afirma que el Estado Federal es nuestra meta, hacia la que ahora caminamos de modo imparable.


Se recuerda, con el fin quizás de suavizar el tránsito, que son varias las organizaciones denominadas federales. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, el federalismo inicial se transformó en un federalismo dualista (1880-1940) y últimamente se habla allí de un federalismo cooperativo. ¿Cuál sería nuestro modelo? No pueden olvidar los defensores del Estado Federal para España que Presidentes norteamericanos tan distintos como Eisenhower, Kennedy o Johnson se vieron obligados a intervenir militarmente en diferentes Estados miembros (nuestras Comunidades Autónomas), poniendo bajo su mando a las «Guardias Nacionales» (policías autonómicas), en los momentos críticos de disturbios o de obstrucción a la aplicación de las leyes. Y este control del poder central sobre todo el territorio nacional fue ya consagrado en leyes de los siglos XVIII y XIX. El texto de la ley de 29 de julio de 1861 -valga como ejemplo- es claro y terminante: «Siempre que en razón de impedimentos o combinaciones ilegales... a juicio del Presidente se hiciese impracticable la aplicación de las leyes de los Estados Unidos por el cauce corriente de los procedimientos judiciales...» el Presidente «podrá convocar legítimamente a las milicias de cualquiera o de todos los Estados, y emplear aquellas fuerzas navales y terrestres de los Estados Unidos que considere necesarias para lograr la fiel ejecución de las leyes de los Estados Unidos». Y la ley de 20 de abril de 1871 aumenta todavía más los poderes del Presidente.

Tras el federalismo dualista, a partir de 1941 la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que las medidas económicas necesarias para hacer frente a las crisis no pueden acomodarse a las autonomías locales. Renace la opinión del juez Holmes, se abandona la interpretación dualista y la norma que regula las relaciones entre los Estados y la Unión es el artículo VI, sección 2, de la Constitución: «Las leyes de los Estados Unidos... serán la ley suprema del país».

O sea, que un Estado federal que funcione correctamente no admite ahora la insumisión de las autoridades de uno de sus componentes ni la inaplicación de las leyes de la Federación.

Mis reparos al Estado federal, en el horizonte español, se apoyan en el difícil encaje del mismo, por no decir cabida imposible, en la Constitución de 1978. Pero no adopto una postura de rechazo total. Tal vez con un federalismo auténtico quedarían fuera de la escena pública ciertas declaraciones y actitudes retadoras de políticos de las Comunidades Autónomas. Se ofrece en estos momentos un espectáculo que asombra a los observadores extranjeros, especialmente a los que viven en Estados federales.

La Constitución Española de 1978 establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (art. 1.2). La autonomía de las Comunidades Autónomas no es soberanía. Así lo viene proclamando el Tribunal Constitucional. En nuestro ordenamiento jurídico-político, por tanto, se sitúa un poder fundamental, cuyo titular es el soberano pueblo español, donde tienen su origen los restantes poderes, que tienen la condición de poderes derivados.

El símil del árbol me ha servido para dar una idea clara de las competencias de las Comunidades Autónomas. Las atribuciones de éstas son como las ramas que brotan del tronco. La savia circula desde las raíces, pero a través del tronco. Si se corta una rama termina secándose.

El tronco de nuestra Constitución se forma con la prevalencia de las normas del Estado sobre las de las Comunidades Autónomas y con el carácter supletorio del derecho estatal, «en todo caso» (art. 149.3). Además, y en la línea de los Estados Federales mejor estructurados, con una larga tradición democrática, «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general» (art. 155.1).

La Constitución Española de 1978 formalizó jurídicamente una realidad compleja. Fue el Estado de las Autonomías. Pero la Constitución no admite un combinado de partes cada una de ellas con poderes originarios. No es un sistema compuesto el que los españoles decidimos instaurar. Realidad compleja, pero no compuesta. Igual que el árbol que es el resultado de un tronco y varias ramas. La soberanía, el poder originario, reside en el pueblo español. Ninguna de las fracciones de este pueblo posee poderes soberanos. Los que oponen resistencia a la obediencia debida son los rebeldes. En los Estados Unidos de América -modelo para los federalistas- no se toleran.

La igualdad formal de los Estados miembros en el sistema federal no satisface a algunos de los que se lamentan de la presente situación española. Se sueña con un «federalismo asimétrico» sin tener en cuenta que una cosa es la igualdad formal, principio respetado en los Estados Federales, y otra cosa es la igualdad real, imposible de mantener en países de diversos desarrollos económicos, además de varias evoluciones demográficas y culturales.

Nuestro árbol, como cualquier otro, puede ser talado y almacenado. Una Constitución distinta puede aprobar un día el pueblo español. Pero que nadie se equivoque invocando los sistemas federales por ahí vigentes.

Si centramos la atención en Europa, la suerte de los Estados federales es parecida a la de sus homónimos del otro lado del Atlántico. Nadie pone en duda el carácter simbólico de la Confederación helvética, tanto por su antigüedad como por la solidez de la unión. Sin embargo, esta Confederación no ha quedado al margen del movimiento que impulsa a todos los Estados federales hacia el reforzamiento del poder central.
Los analistas del régimen suizo apuntan a tres factores que han consolidado el centralismo en los últimos tiempos: las crisis económicas, la evolución de las ideas relativas a las funciones económicas y sociales del Estado, y, con gran impacto, las guerras mundiales de 1914 y 1939.

En Alemania, y a pesar del rótulo «República federal», el recuerdo del régimen de Weimar condicionó mucho a los constituyentes de 1949 para establecer disposiciones protectoras del poder central.

No es el federalismo, en suma, lo que daría a las ramas del árbol una vida con más autonomía. El respeto a las autoridades e instituciones centrales arraiga y se consolida por doquier. Es el signo del siglo XXI. España no ha de ser diferente.

Manuel Jiménez de Parga

» Artículo publicado en ABC

septiembre 06, 2008

Desmemorias

La doctrina oficial es más o menos la siguiente: en España, hasta hace muy poco, no se pudo escribir y casi ni hablar de la Guerra Civil o de la posguerra desde el punto de vista de los vencidos. Primero fue la represión franquista; luego el así llamado "pacto de silencio" de la Transición, por culpa del cual, y en nombre de una dudosa concordia democrática, se suprimió la memoria de los perdedores. Por fin, sólo hace unos pocos años, algunos libros empezaron a romper el silencio, algunas películas, gracias al Gobierno de Zapatero. Se estrena Los girasoles ciegos y un oyente llama a la radio para expresar su alivio, su alegría: "Por fin se puede hablar sin miedo".


Es una doctrina confortable. Permite el sentimiento halagador de estar participando, sin mucho esfuerzo ni peligro, en la reparación de una larga injusticia, en el descubrimiento de lo escondido durante muchos años. También de estar al día: de recibir, de algún modo, la legitimidad de los derrotados, hasta de alzarse en rebeldía contra el fascismo o la dictadura, con la ventaja no desdeñable de que esa rebelión virtual sucede en el espacio clemente de una democracia. Los libros, las películas de moda ofrecen una memoria tan gustosa de saborear como un caramelo, con ese aire en el fondo tan acogedor que tiene el pasado en el cine de época: los automóviles, los peinados, los sombreros, los pupitres de madera, la lluvia, la nieve acogedoras; cuando no el heroísmo igualitario: chicos y chicas con uniformes impolutos de milicianos, haciendo una guerra que se parecería mucho a una fiesta o a un domingo de excursión si no fuera por esos malvados de bigotito fino y camisa azul o de sotana negra que lo estropean todo. Los buenos, los nuestros, son poéticos, inocentes, entrañables, soñadores, no sexistas. Los otros no sólo son opresores y canallas: también son feos, groseros, machistas, maníacos sexuales, maltratadores de animales. La moda la empezó probablemente Ken Loach en Tierra y libertad, donde ya se insinuaba algo que viene teniendo mucho éxito en las patrias periféricas gobernadas inmemorialmente por una mezcla curiosa de nacionalistas y ex socialistas o ex comunistas cuyo principal rasgo ideológico es volverse más nacionalistas todavía que sus socios: los malvados de esta nueva memoria oficial, aparte de opresores, canallas, feos, groseros, machistas, maníacos sexuales, son algo todavía peor, si cabe: son españoles. En estas patrias, unánimes por definición, la Guerra Civil no es posible, porque no puede haber conflicto interno en una comunidad idílica. La Guerra Civil, el franquismo, fueron en realidad una invasión española, en la que los autóctonos, por el hecho de serlo, estuvieron libres de toda complicidad, y además fueron y siguen siendo víctimas.

El resultado de esta sentimentalización y oficialización de la memoria es el olvido de aquello mismo que se pretendía recordar. Quien dice que sólo ahora se publican novelas o libros de historia que cuentan la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura debería decir más bien que él o ella no los ha leído, o que los desdeñó en su momento porque no estaban de moda, en aquellos atolondrados ochenta en los que la doctrina oficial del socialismo en el poder era la contraria: con lo modernos que ya éramos, qué falta hacía recordar cosas tristes y antiguas.

No hubo que esperar a la Transición y ni siquiera a la muerte de Franco para leer por primera vez una novela antifranquista sobre la Guerra Civil publicada en España: Las últimas banderas, de Ángel María de Lera, ganó hacia finales de los años sesenta el Premio Planeta. Probablemente no era gran literatura, pero yo me acuerdo de la emoción de leer el drama de los últimos días de la República en Madrid, la urgencia y el miedo, el sentimiento de derrumbe. Por aquellos años cayó en mis manos otro de esos libros que se quedan impresos vivamente en la imaginación adolescente y resultan igual de iluminadores cuando uno vuelve a leerlos mucho tiempo después: Tres días de julio, de Luis Romero, que tiene la inminencia trágica de lo que todavía casi no ha sucedido y ya es irreparable. Hablo de libros que estaban al alcance de cualquiera y que fueron decisivos en mi educación de ciudadano y de escritor, en mi descubrimiento temprano y todavía indeciso de los mundos literarios que yo querría indagar en mi propia ficción.

Pero no sólo libros: aún no había muerto Franco y la gente llenaba los cines para ver La prima Angélica, de Carlos Saura, que retrataba con sarcasmo y crudeza a los vencedores de la guerra y exploraba un tema que fue crucial para los que empezamos a escribir novelas en los primeros años ochenta: el vínculo entre el presente y el pasado, la necesidad de saltar sobre el paréntesis de plomo de la dictadura para vincularnos a una tradición literaria, política y vital que se había roto con la guerra.

Qué insulto, qué injusticia para Max Aub decir que sólo en los últimos años se ha escrito de verdad sobre los vencidos: en los primeros ochenta Alfaguara había publicado ya todos los volúmenes de El laberinto mágico, que sigue siendo el gran ciclo de novelas sobre la Guerra Civil y la diáspora. También por entonces se reeditaban los tres volúmenes de La forja de un rebelde, de Arturo Barea, el último de los cuales está el testimonio atroz, contado por un socialista intachable, de los crímenes sin justificación que se cometieron en Madrid entre el verano y el otoño de 1936. La misma angustia moral de Barea, ajena a todo sectarismo, atenta al desgarro de la experiencia humana concreta, está en Días de llamas, de Juan Iturralde, que es del final de los setenta, o en los relatos insuperables de Largo noviembre de Madrid, de Juan Eduardo Zúñiga, que combinan la poesía y la ternura, la vaguedad espectral de la fábula con el severo testimonio del sufrimiento, el heroísmo y el despilfarro de las vidas humanas. En los primeros ochenta estrenó Fernando Fernán-Gómez Las bicicletas son para el verano y al principio nadie le hizo ningún caso. Aprendiendo de aquellos maestros, recordando lo que nuestros mayores nos habían contado, algunos de nosotros empezamos publicando ficciones alimentadas por la memoria de la Guerra Civil y la derrota de la República: yo no me olvido de la impresión que me hizo leer en 1985 Luna de lobos, de Julio Llamazares, donde está el coraje de la resistencia pero también la lenta degradación de quien se ve reducido por sus perseguidores a una cualidad casi de alimaña.

España es país muy propenso a las coacciones de la moda literaria o política, de modo que yo no voy a poner en duda el mérito de Los girasoles ciegos ni de ninguna de las ficciones sentimentales sobre la guerra y la posguerra que han tenido tanto éxito en los últimos años. Lo que sugiero, tan sólo como un ejercicio, es que se lean intercaladas con algunos de aquellos libros que no tuvieron el reconocimiento que merecían por el simple hecho de no haber sido escritos teniendo a favor los vientos caprichosos de la moda.

Antonio Muñoz Molina

» Artículo publicado en El País

septiembre 05, 2008

Balance

Recuerdan la anécdota del orador que se levanta para pronunciar su alocución tras el banquete y pregunta a un comensal remoto: "Usted, allí al fondo, ¿me escucha bien?". Y el otro responde: "Perfectamente, pero voy a cambiarme con aquel señor, porque parece que allí ya no se oye". También yo he estado esperando hasta que han respondido al Manifiesto por la Lengua Común incluso los que se sentaban voluntariamente allí donde es imposible escuchar lo que dice. Pensando a veces, con cierto desaliento, que es una seria objeción contra la existencia de la lengua común el que muchos que parecen comprenderla malinterpreten tan patentemente un texto sencillo como ése. Pero en todo caso me parece una obligación de cortesía intentar finalmente hacer balance y responder a quienes se han molestado en hacer objeciones inteligibles a esa propuesta. Desde luego, sólo voy a tomar en cuenta las de cierto calado, que no han sido las más numerosas. En cuanto a las demás... bueno, a pesar de la artritis estoy dispuesto a agacharme ocasionalmente un poco para quedar a la altura de ciertos argumentos y seguir la discusión, pero no pienso ponerme a cuatro patas, como se requeriría para responder a otros. Asumo mis limitaciones por arriba... y por abajo.


Tampoco me detendré en algunos reproches que considero desenfocados. Por ejemplo, los de quienes han insistido en recordar que la lengua castellana -pujante y cada vez más extendida por el planeta- no necesita defensa ninguna. El Manifiesto confirma ese punto desde su primer párrafo y evidentemente trata de otra cosa, por lo que sólo puedo rogar a los obstinados que se molesten en leer al menos sus cinco primeras líneas. Por cierto, es curioso que en el pasado mes de julio -cuando día sí y día no se nos recordaba en todos los medios de comunicación la invulnerabilidad del castellano- la Junta de Castilla-La Mancha y la Fundación Santillana otorgasen un merecido premio a Carlos Fuentes y a Lula de Silva, "por su defensa del idioma español", según dijo la prensa. Esperé sobrecogido una lluvia de protestas o la universal rechifla ante tarea tan superflua, pero nadie dijo ni pío: por lo visto, entonces no tocaba. Otros han expresado su recelo ante el apoyo que mostraron al manifiesto ciertos medios de comunicación y personas conocidas que no les parecen con suficiente garantía de salubridad progresista: por lo visto, para ellos todo lo que no se promueve desde la izquierda oficial está políticamente "manipulado", pecado grande. Reconozco ser poco sensible ante esta grave imputación. Es la costumbre: si los movimientos cívicos más activos del País Vasco, en los que he militado, hubiésemos esperado el apoyo o tan siquiera el permiso de los medios de comunicación y los intelectuales llamados "progresistas" para ponernos en marcha, todavía estaríamos en vísperas de salir por primera vez a la calle... Aún peor: si hubiéramos escuchado luego a bastantes de ellos, aún estaríamos dándonos golpes de pecho por haber salido. De modo que miren: no.

Pero pasemos a las objeciones que merecen mayor atención. Una de las más frecuentes asegura que en cualquiera de las autonomías bilingües sigue siendo el castellano la lengua mayoritariamente utilizada por los hablantes. Personalmente no lo dudo, pero... ¿es esto un pecado? ¿Es una injusticia que debe ser corregida o una enfermedad que ha de ser curada? Por razones históricas y culturales, el castellano no sólo es la lengua común de España, así establecida constitucionalmente, sino también uno de los idiomas internacionales de mayor peso presente y futuro. Ofrece ventajas evidentes respecto a otras a los empresarios y comerciantes, a los viajeros y a quienes buscan bibliografía. Los medios de comunicación de masas suelen preferirla por razones de eficacia económica: hay inmersión lingüística en la escuela, pero no en la prensa, y La Vanguardia sigue publicándose en castellano. Se trata de una primacía práctica perfectamente razonable, no de un monopolio dictatorial: las otras lenguas oficiales siguen teniendo su debido reconocimiento y su viabilidad a todos los niveles en las áreas regionales que les corresponden. Lo que resultaría un poco raro es llamar "normalización" al empeño de corregir por las bravas, a base de prohibiciones e imposiciones, esta preferencia de tantos hablantes, bilingües o no... como si se tratase de un atropello. Puede que no haya un precepto constitucional que establezca que cada cual pueda ser educado en la lengua que prefiera -es lo que el Manifiesto propone corregir-, pero aún menos en ninguna parte de la Constitución se dice que en las comunidades bilingües la lengua co-oficial deba alcanzar forzosamente un uso igual o mayor que el castellano.

Otros de nuestros críticos (por ejemplo, el propio ex presidente Pujol, en una entrevista reciente) nos recuerdan que los niños en Cataluña conocen perfectamente el castellano, aunque estudien en catalán. Incluso podríamos añadir que en los exámenes para determinar los resultados del informe PISA, los estudiantes vascos -aunque estudien en euskera- hacen las pruebas en castellano para mejorar sus resultados. Pero nada de esto tiene que ver con el fondo del asunto. No se trata de que los niños (o los ciudadanos adultos, tanto da) sepan o no castellano: lo aprenderán sin duda de un modo u otro, como terminarán adquiriendo nociones de inglés a través de las letras de sus grupos preferidos de rock, porque se trata de idiomas de comunicación internacional cuya pujanza no podrá ser cortocircuitada por ninguna burocracia etnicista local. Pero no es lo mismo conocer una lengua de modo más o menos sobrevenido que estudiar en ella y aprovechar todos sus recursos expresivos o bibliográficos, así como utilizarla habitualmente para recibir información de las autoridades o comunicarse institucionalmente. Y lo más importante, está en juego el derecho a poder utilizar siempre que uno lo desee la lengua oficial del país del que somos ciudadanos, aun allí dónde coexiste con otras regionales. Invocar este derecho no es una reminiscencia franquista, salvo para quienes han olvidado lo que estipulaba la Constitución republicana de 1931 en su artículo 4 (bastante más perentoria y nítida al respecto que la actual). Por cierto, cuando uno ve los obtusos y sectarios que son respecto al presente ciertos adalides de la memoria histórica, entran dudas respecto a la exactitud de la visión del pasado que tratan de oficializar.

¡Ah, pero hablar de derechos lingüísticos es embrollar las cosas, según dicen algunos sabios del establishment! ¡La "demagogia de los derechos" no soluciona nada! Es mejor resolver esos temas por medio de acuerdos consuetudinarios y confiar en el sentido común. Dejemos a un lado los derechos y volvamos a los apaños: insólito consejo, por cierto, para venir de profesionales de la filosofía política... Sin embargo, perdón por la insistencia: ¿hay algún otro país en la CE -dejemos a un lado la nada envidiable Bélgica- en que los ciudadanos se vean impedidos para usar normal y culturalmente la lengua mayoritaria en determinadas regiones de su territorio? ¿no es lógico que entonces invoquen su derecho a algo tan elemental, sean cuales fueren las "costumbres" que otros tratan de imponerles?

Con todo, hay algo de verdad en la teoría de los "apaños": es cierto que en las comunidades bilingües los ciudadanos conviven y se entienden con pocos roces en las lenguas co-oficiales. Los problemas vienen cuando allí se legisla de tal modo que esa armonía se rompa para obstaculizar institucionalmente el derecho a usar una de ellas. Porque el busilis de la cuestión no es el bilingüismo, desde luego, sino el biestatismo que los nacionalistas pretenden imponer en sus autonomías. Es decir, que haya dos Estados superpuestos, el local que ellos controlan más y más, junto al general que soportan y al que sólo acuden cuando esperan beneficios. En tal empeño biestatal, la marginación de todo elemento común con el resto del país -empezando por la lengua- es una herramienta esencial. Como esencial resulta para quienes pensamos de otro modo oponernos a tal tendencia y denunciarla. Se trata, en efecto, de una cuestión política, como con rara clarividencia han señalado algunos de nuestros críticos...

Fernando Savater, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.

» Artículo publicado en El País
» Adherirse al "Manifiesto por la lengua común"

septiembre 03, 2008

La tribu

No nos dejemos hundir por el abatimiento cuando Solbes anuncia que tendrá que recortar las transferencias a los ayuntamientos; no parece probable que esto empuje a los municipios a distinguir entre lo fundamental y lo accesorio. Seguiremos fieles a nuestro estilo: cachondos y derrochadores. Dentro de nuestras más empecinadas tradiciones está el poner por delante los gastos del jolgorio al de las bibliotecas públicas o el alumbrado. Sin movernos de casa, sólo leyendo el periódico, asistimos cada agosto a la alegre competencia fiestera entre un pueblo y el de al lado. Y a fin de no enturbiar esta felicidad colectiva, ya ni se escriben aquellos artículos sobre la brutalidad de algunas fiestas populares, gracias a Dios esa crítica se quedó perdida en un tiempo en que estas manifestaciones se tenían como el lógico desfogue de un pueblo atrasado. Cosas de una izquierda caduca. Con el auge de lo identitario, los excesos colectivos se fueron adornando antropológicamente con las palabras transgresión y cultura popular, y el intelectual quedó convertido en el primer divulgador de las esencias de su tierra.

Como resultado de esta incontenible autosatisfacción, los españoles nos pasamos la vida subvencionando actos culturales: borracheras agosteñas, petardos, torturas a vaquillas y a toros y 120.000 kilos de tomates. Las fotos que aparecen en la prensa extranjera de nuestro extraordinario país son elocuentes: unos mozos, con el torso al aire, queman los cuernos a una vaquilla que saliva sin cesar aterrorizada; unos mozos, enseñando pecho, restregándose unos contra otros en un apiñamiento claustrofóbico, celebran a saltos la lógica excitación que provoca el espanzurramiento de tomates. Y no estamos solos: Google, esa empresa humanitaria, celebra nuestra singularidad adornando su logotipo con tomates virtuales. ¡Viva la tribu!

Elvira Lindo

» Artículo publicado en El País

agosto 31, 2008

Mi propio manifiesto (y II)

La semana pasada se acabó la página cuando les comentaba cómo ni el Gobierno central ni algunos gobiernos autonómicos garantizan el libre uso del castellano, o español, en la Administración, Sanidad o Educación de toda España. Franquismo al revés: antes era el español forzoso para todo, y ahora es la lengua local la obligatoria. Cuando los nacionalistas buscaban parcelita, la palabra bilingüismo era mágica: daban el alma por rotular también en catalán, gallego o vascuence. Ahora proclaman sin disimulo el ideal de una nación monolingüe, aunque no encaje en la realidad de la calle. Pese a que su mala fe es evidente, aún hay palmeros y cómplices afirmando que eso es progresista; y denunciarlo, resabio imperial. Y mientras tanto imbécil –en el más honrado de los casos– mira al tendido o lleva el botijo, cuatro golfos oportunistas han convertido las respectivas lenguas, valiosas herramientas culturales y de comunicación, en filtro sectario para excluir a los no afines y promocionar en el trabajo y la sociedad a su clientela exclusiva. Marginando la excelencia profesional a favor de la lingüística, como si contara más el idioma que la habilidad de quien opera con un bisturí. Tal es el sentido de la sobada cohesión social: hablar sólo una lengua propia como si la común, el español, no lo fuese. Empeño legítimo, por cierto, para un catalán, un vasco o un gallego nacionalistas; pero injusto para quien no lo es. En una España llena de naturales e inmigrantes que van de una autonomía a otra buscando trabajo, es un disparate negarles el único idioma que permite comunicarse en todo el territorio nacional –y también fuera de él– con soltura y libertad.


En esta canallada política nadie tiene la exclusiva. Los graves cantamañanas del Pepé, reunidos hace mes y pico en San Millán de la Cogolla para proclamar su apoyo a la lengua española, podían haberlo hecho con más eficacia y menos demagogia durante los ocho años que estuvieron en el poder. Entonces, la peña del amigo Ansar tragó de todo. Como tragará en el futuro, por mucho que ahora subscriba el Manifiesto de la Lengua Común o el de la Lirio, la Lirio tiene, tiene una pena la Lirio. Así que, en mi opinión, Mariano Rajoy puede meterse la adhesión donde le quepa. Por culpa de tanto oportunista, al final siempre terminan vendiéndonos la lengua española como enfrentamiento entre derecha e izquierda; cuando, en realidad, los políticos de derechas tienen tanta desvergüenza como los de izquierdas. Es cosa del puerco y común oficio.

En cuanto a los que se llenan la boca de República o Guerra Civil, cuya realidad tanto manipulan, hay que recordarles que la mayor parte de quienes lucharon por esa República no lo hicieron para darles un cortijo con lengua propia a cuatro mangantes, sino para que una España de ciudadanos fuese más culta, libre y solidaria. Uno comprende que la derecha, con su desvergüenza innata, vaya y venga envuelta en toda clase de farfollas trompeteras. A fin de cuentas, su discurso es, a escala nacional, el que los nacionalistas mantienen a escala cutre. En cuanto a la izquierda, algunos llevamos treinta años preguntándonos qué pito toca en ese apoyo suicida al nacionalismo, que no fue de izquierdas nunca: situar ahí a Arzallus, Ibarretxe o Pujol es un desatino indecente. Como dijo Juan Marsé: «En la postguerra me putearon los padres y en la democracia sus hijos. Pero siempre me putearon los mismos».

Hay menos injusticia, afirmaba Montaigne, en que te roben en un bosque que en un lugar de asilo. Es más infame que te desvalijen quienes deben protegerte. Pensé en eso oyendo al presidente Zapatero referirse al Manifiesto de la Lengua Común, cuando expresó su esperanza de que la derecha «no se apropie del idioma español como hizo con la bandera». Todavía estoy dándole vueltas a si lo del presidente es candidez o cinismo. La derecha se apropió de la bandera española porque, desde la Transición, la izquierda se la regaló gratis, negándose a utilizarla hasta veintitantos años después: los mismos que ha tardado el Pesoe en pronunciar la palabra España. Y al final, entre unos y otros, han conseguido lo mismo que con la bandera. Lo que ya pasa en algunos colegios: que al niño que habla en español lo llamen facha.

Por eso me adherí al manifiesto. Confirma mi decisión el recular de los cobardes, el silencio de los corderos y el runrún de los tontos: los equidistantes que siempre acaban favoreciendo al verdugo. Me reafirma la furia de los caciques paletos y los escupitajos de mala fe de quienes tienen la osadía de llamar nostálgicos del franquismo, e incluso extrema derecha –lo han hecho consejerías de cultura autonómicas y miembros del Gobierno– a firmantes como Miguel Delibes, Carlos Castilla del Pino, José Manuel Sánchez Ron, Luis Mateo Díez, Álvaro Pombo, Margarita Salas, o yo mismo. Luego algunos se extrañan de que me cisque en su puta madre.

Arturo Pérez-Reverte

» Artículo publicado en XLSemanal
» Ver la primera parte de "Mi propio manifiesto"
» Adherirse al "Manifiesto por la lengua común"

agosto 27, 2008

Los políticos cantan...

A continuación, les presentamos los últimos trabajos de un conocido trío de políticos con aficiones musicales y humorísticas:

Silvio Berlusconi - Está trabajando en un nuevo proyecto: un álbum de canciones de amor.



Josep Lluís Carod-Rovira - Proclama que Cataluña copa la mitad de las medallas y denuncia la "falsa unidad" de la selección española.



Jordi Pujol - "Ahora la relación entre Cataluña y el resto de España es peor que nunca".


agosto 25, 2008

Mi propio manifiesto (I)

A ciertos amigos les ha extrañado que el arriba firmante, que presume de cazar solo, se adhiriese al Manifiesto de la Lengua Común. Y no me sorprende. Nunca antes firmé manifiesto alguno. Cuando leí éste por primera vez, ya publicado, ni siquiera me satisfizo cómo estaba escrito. Pero era el que había, y yo estaba de acuerdo en lo sustancial. Así que mandé mi firma. Otros lo hicieron, y ha sido instructivo comprobar cómo en la movida posterior algún ilustre se ha retractado de modo más bien rastrero. Ése no es mi caso: sostengo lo que firmé. No porque estime que el manifiesto consiga nada, claro. Lo hice porque lo creí mi obligación. Por fastidiar, más que nada. Y en eso sigo.


No es verdad que en España corra peligro la lengua castellana, conocida como español en todo el mundo. Al contrario. En el País Vasco, Galicia y Cataluña, la gente se relaciona con normalidad en dos idiomas. Basta con observar lo que los libreros de allí, nacionalistas o no, tienen en los escaparates. O viajar por los Estados Unidos con las orejas limpias. El español, lengua potente, se come el mundo sin pelar. Quien no lo domine, allá él. No sólo pierde una herramienta admirable, sino también cuanto ese idioma dejó en la memoria escrita de la Humanidad. Reducirlo todo a mero símbolo de imposición nacional sobre lenguas minoritarias es hacer excesivo honor al nacionalismo extremo español, tan analfabeto como el autonómico. Esta lengua es universal, enorme, generosa, compartida por razas diversas mucho más allá de las catetas reducciones chauvinistas.

La cuestión es otra. Firmé porque estoy harto de cagaditas de rata en el arroz. Detesto cualquier nacionalismo radical: lo mismo el de arriba España que el de viva mi pueblo y su patrona. Durante toda mi vida he viajado y leído libros. También vi llenarse muchas fosas comunes a causa del fanatismo, la incultura y la ruindad. En mis novelas históricas intento siempre, con humor o amargura, devolver las cosas a su sitio y centrarme donde debo: en el torpe, cruel y desconcertado ser humano. Pero hay un nacionalismo en el que milito sin complejos: el de la lengua que comparto, no sólo con los españoles, sino con 450 millones de personas capaces, si se lo proponen, de leer el Quijote en su escritura original. Amo esa lengua-nación con pasión extrema. Cuando me hicieron académico de la RAE acepté batirme por ella cuando fuera necesario. Y eso hago ahora. Que se mueran los feos.

Quien afirme que el bilingüismo es normal en las autonomías españolas con lengua propia, miente por la gola. La calle es bilingüe, por supuesto. Ahí no hay problemas de convivencia, porque la gente no es imbécil ni malvada, ni tiene la poca vergüenza de nuestra clase política. La Administración, la Sanidad, la Educación, son otra cosa. En algunos lugares no se puede escolarizar a los niños también en lengua española. Ojo. No digo escolarizar sólo en lengua española, sino en un sistema equilibrado. Bilingüe. Ocurre, además, que todo ciudadano español necesita allí el idioma local para ejercer ciertos derechos sin exponerse a una multa, una desatención o un insulto. Métanse en una página de Internet de la Generalidad sin saber catalán, por ejemplo. De cumplirse el propósito nacionalista, quien dentro de un par de generaciones pretenda moverse en instancias oficiales por todo el territorio español, deberá apañárselas en cuatro idiomas como mínimo. Eso es un disparate. Según la Constitución, que está por encima de estatutos y de pasteleos, cualquier español tiene derecho a usar la lengua que desee, pero sólo está obligado a conocer una: el castellano. Lengua común por una razón práctica: en España la hablamos todos. Las otras, no. Son respetabilísimas, pero no comunes. Serán sólo locales, autonómicas o como queramos llamarlas, mientras los países o naciones que las hablan no consigan su independencia. Cuando eso ocurra, cualquier español tendrá la obligación, la necesidad y el gusto, supongo, de conocerlas si viaja o se instala allí. En el extranjero. Pero todavía no es el caso.

Y aquí me tienen. Desestabilizando la cohesión social. Fanático de la lengua del Imperio, ya saben. Tufillo franquista: esa palabra clave, vademécum de los golfos y los imbéciles. La puta España del amigo Rubianes. Etcétera. Así que hoy, con su permiso, yo también me cisco en las patrias grandes y en las chicas, en las lenguas –incluida la mía– y en las banderas, sean las que sean, cuando se usan como camuflaje de la poca vergüenza. Porque no es la lengua, naturalmente. Ése es el pretexto. De lo que se trata es de adoctrinar a las nuevas generaciones en la mezquindad de la parcelita. Léanse los libros de texto, maldita sea. Algunos incluso están en español. Lo que más revienta son dos cosas: que nos tomen por tontos, y la peña de golfos que, por simple toma y daca, les sigue la corriente. Pero de ellos hablaremos la semana que viene.

Arturo Pérez-Reverte

» Artículo publicado en XLSemanal
» Apoye con su firma el Manifiesto por la Lengua Común

agosto 22, 2008

El castellano no debe enseñarse en Cataluña

Hace años que La Universitat Catalana d’Estiu se ha convertido en el espacio patrocinador de cualquier idea que vaya en contra de la cultura francesa y española y de todo aquello que promocione la eliminación oficial del castellano en Cataluña. En democracia puede ser hasta legal, pero antropológicamente a eso se le llama racismo cultural.

Suele ser ordinario entre sus modos de vender su nacionalismo cultural, político y lingüístico, recurrir a personajes internacionales para que repitan como loros sus tesis en los eventos que montan para ello. Pagan bien y agasajan mejor. Rigoberta Menchú o Mayor Zaragoza lo saben.


Este año, le ha tocado el turno al lingüista de padres alemanes nacido en Barcelona, pero criado y educado en Alemania y EEUU, Til Stegmann. Ha soltado la criatura que el castellano no debería enseñarse en Cataluña: "No sería necesario impartir clases en español en Cataluña. Lo más normal es que en el país se pueda vivir íntegramente en catalán, porque no es una lengua de segunda".

El lingüista alemán, es fundador de la Biblioteca Catalana de Frankfurt, es el primer traductor de la cultura catalana al alemán y tiene en su currículo el Premi Internacional Ramon Llull 2006, como no podía ser de otra manera.

Por lo que se ve, el lingüista es experto en política, por eso consideró que la Constitución española está equivocada en el capítulo de lenguas; para él, todos los idiomas españoles deberían ser considerados iguales, y ya puesto, ha criticado el "Manifiesto por la lengua común". La lección bien aprendida. Dejà vu.

En la Universidad Catalana de verano de Prada de Conflent (Francia), parte de lo que los nacionalistas llaman "països catalans", cada año se dan cita todos los lingüísticas y políticos catalanes más radicales. Siempre ha ocurrido que lo que allí se pide acaba imponiéndose años más tarde: lengua propia, inmersión, lengua institucional... Ahora sueltan la liebre de la eliminación del castellano en la escuela. Es lo que piensan aunque no sea lo que puedan hacer por ahora. Sigan atentos al presidente español de turno que quiera formar Gobierno y no pueda sin los votos de los nacionalistas.

A continuación los patrocinadores de la Universitad Catalana d’Estiu:
La UCE no seria possible sense el suport de les següents institucions:

Generalitat de Catalunya: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Departament de Cultura (a través del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i la Institució de les Lletres Catalanes) - Departament d’Educació - Departament de la Presidència (a través de la Secretaria General i la Direcció General d'Afers Religiosos) - Departament de la Vicepresidència (a través de la Secretaria de Política Lingüística) - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa - Departament de Salut - i Departament d'Economia i Finances.

Govern de les Illes Balears - Govern d’Andorra - Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló Diputació de Barcelona - Diputació de Lleida - (Presidència i Institut d'Estudis Ilerdencs) - Diputació de Tarragona - Diputació de Girona Consell General dels Pirineus Orientals - Consell de Mallorca - Consell Insular d'Eivissa - Institut d'Estudis Ilerdencs - Ajuntament de Barcelona - Ajuntament de Mataró Vila de Prada - Institut Menorquí d'Estudis - Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - Vila de Perpinyà - Caixa de Balears - Ajuntament de Cardedeu - Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat - Ajuntament de Figueres - Ajuntament de Vic - Ajuntament de Vilaseca - Ajuntament de Tortosa - Ajuntament de l’Ametlla de Mar - Ajuntament de l’Ametlla del Vallès - Ajuntament de Reus, i la col·laboració de mitjans de comunicació: Catalunya Ràdio - TV3 MacInformàtica - Fundació Juvinter - Raco Català - Fundació puntCat.

Antonio Robles, diputado de C's en el Parlamento de Cataluña

» Artículo publicado en Libertad Digital

agosto 21, 2008

Aquel otro José Montilla

José Montilla hace un uso explícitamente accidentalista del poder. Las formas son siempre accesorias; el poder es el valor definitivo. Tuvo tiempo para aprenderlo al ir aterrizando desde la izquierda más radical hasta el aeropuerto europeísta y confederalizado del PSC-PSOE. La tesis fundacional del socialismo catalán en la transición era muy descarnada: el PSC ponía la cúpula bruñida y el PSOE la mayor cantidad de votos. Funcionó, incluso en Gerona. Políticamente, Montilla y los suyos -los llamados «capitanes»- sufrieron no pocas humillaciones por parte de las mentes preclaras del PSC, gente de mucha bibliografía y poco afán de acción. Gradualmente, como una termita implacable e inasequible a la incomodidad estratégica, Montilla fue marcando terreno con paciencia solo comparable a su tan parca expresividad. Actualmente preside la Generalitat, controla las diputaciones y los grandes ayuntamientos, la totalidad de medios de comunicación públicos y tiene la complicidad de no pocos medios privados. Desde luego, lo que decía sobre la sociedad catalana siendo alcalde de Cornellá de Llobregat no es exactamente lo que dice ahora. Si antes daba la impresión de conectar con algunas mutaciones sociales que el pujolismo institucionalizado ya no percibía, hoy permanece tan blindado ante los tropismos de la sociedad que parece considerar una minucia lo que ha significado el abstencionismo en el referéndum del «Estatut».


Para el PSOE, Montilla era uno de los suyos, el hombre que iba a solucionar el ovillo enmarañado por el maragallismo. Contribuyó a la ascensión del zapaterismo después de ser del jacobinismo borrellista . Zapatero aceptó a ciegas el nuevo «Estatut» del pacto del Tinell. Se le permitió a Montilla que liquidase a Maragall, puso en el podio a Carmen Chacón, dio su aval a una política lingüística que iba en contra de los intereses de sus electores más fieles por no hablar en términos de España entera. Montilla ha convertido el PSC-PSOE en una maquinaria de poder sin líquido de frenos: lo que no tiene es un horizonte salvo el poder por el poder. Ha fagocitado al PSC, cuyo único superviviente en activo es precisamente el consejero Castells, el hombre que agita los componentes de la tributación autonómica y amenaza con no votar los presupuestos del Estado, con esa ciclotimia que fue propia de Maragall y que comparten casi todos los intelectuales de la izquierda en Barcelona. Llegar, ocupar, permanecer: la finalidad poco importa. Montilla no es un frívolo pero no le hace ascos a la introducción subrepticia de la bilateralidad en el marco constitucional de España. Eso queda muy lejos de la noción socialista de solidaridad territorial.

¿Es ese el mismo Montilla que tanto criticaba la política lingüística del pujolismo y el esencialismo del nacionalismo catalán? El lío que ha organizado en el conjunto de España acaba de tener por primer entreacto la contrapartida cedida por Zapatero a ICV -un solo diputado eco-comunista- para no tener que afrontar en la Carrera de San Jerónimo el gravísimo asunto de la financiación autonómica. Algo caro ha salido evitarle a Zapatero una comparecencia parlamentaria. Habilidad costosísima por parte del presidente del Gobierno mientras en las filas más adultas de su partido se escuchan comentarios de grosor. El sistema de estabilizadores entre el PSOE y el socialismo catalán han sido anegados por una marea de difícil retrogresión. «Cataluña no puede tensionar las costuras del Estado», dice el socialista Pérez Touriño. Poder quizás no pueda, pero lo hace sin reparo alguno.

A la CiU de Artur Mas -ya trasquilada por Zapatero durante en barullo estatutario- no se le ocurre otra cosa que alinearse con el tripartito reivindicando la financiación autonómica y si hace falta el concierto económico, después de décadas de atribuirse un buen trozo de aquella tarta que llamábamos gobernabilidad. Un Pujol que siempre, desde el último gobierno de González, defendiera a Solbes ahora sale sumándose a la glorificación de Castells. El victimismo se ha reestructurado como cartel. Hay quien aliña de nuevo las viejas ensaladas de la «sociovergencia». La ciudadanía catalana está en las playas, con cierto desconcierto y con creciente pasividad. Quién sabe hasta qué punto la tirantez entre la Moncloa y la Generalitat tiene ciertos componentes de apaño teatral. Desde luego, el episodio es poco serio, como hubiese comentado hace unos años aquel otro Montilla.

Valentí Puig

» Artículo publicado en ABC